Crisis en Petroquímica Río Tercero: la empresa no pagará aguinaldo ni sueldos
El sindicato del sector declaró el estado de alerta y anunció medidas de fuerza, en un nuevo capítulo del deterioro del tejido industrial argentino.
La emblemática planta de Petroquímica Río Tercero, en Córdoba, atraviesa una de las peores crisis desde su privatización en los años ’90. La empresa anunció oficialmente que no podrá abonar ni los sueldos de junio ni la primera cuota del aguinaldo, incumpliendo con obligaciones salariales básicas y dejando en estado de incertidumbre a cientos de trabajadores.
La gravedad del anuncio va mucho más allá del incumplimiento puntual: revela una estructura productiva debilitada, una dirección empresaria que traslada los costos del colapso a los trabajadores y una ausencia preocupante del Estado para garantizar los derechos laborales más elementales. El caso expone, además, los límites del modelo de desregulación económica y apertura irrestricta que, con el argumento de «competencia global», ha dejado a industrias estratégicas sin herramientas para subsistir.
La decisión de no pagar sueldos ni aguinaldos se da en el marco de una crisis arrastrada desde octubre de 2024, cuando la planta cesó la producción de TDI (Diisocianato de Tolueno), un insumo clave para las industrias automotriz, plástica y colchonera. Incapaz de competir con los bajos precios del mercado asiático —principalmente China e India—, la empresa despidió a 125 trabajadores y reorientó su actividad a productos de menor valor agregado, como el Policloruro de Aluminio (PAC).
El gremio del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas lo expresó con claridad: “Acompañamos todas las decisiones empresariales, pero tocar el salario es intolerable”. En respuesta, se declaró el trabajo a reglamento, se planificaron asambleas sorpresivas y se anticipó el inicio de acciones legales si no se abonan los haberes en tiempo y forma. El conflicto escala mientras la incertidumbre golpea a las familias obreras que dependen de la planta.
Lo que ocurre en Río Tercero no es un caso aislado: es el síntoma de una desindustrialización silenciosa que avanza sin freno en distintas ramas de la economía. Bajo el argumento de eficiencia y apertura, se ha generado una competencia desigual en la que las industrias locales quedan expuestas y sin respaldo frente a gigantes globales que operan con subsidios estatales, dumping laboral y escalas productivas inalcanzables. Mientras tanto, los costos del colapso siempre recaen en el eslabón más débil: los trabajadores.
La historia de esta empresa también pone en cuestión el compromiso real de los grupos empresarios. Petroquímica Río Tercero fue adquirida en 1996 por el Grupo Piero, uno de los líderes nacionales en la industria del descanso. En 2014, se anunciaron con bombos y platillos inversiones millonarias en la modernización de la producción de cloro y soda cáustica. Sin embargo, una década después, la planta acumula despidos, promesas incumplidas y ahora directamente salarios impagos.
En un país con inflación galopante, una canasta básica por encima del millón de pesos y una crisis social en expansión, la falta de pagos no es solo un incumplimiento legal: es una agresión directa a las condiciones de vida. El Gobierno, mientras tanto, ha mostrado hasta ahora una pasividad alarmante, priorizando el “déficit cero” incluso cuando eso significa poner en riesgo la continuidad productiva de sectores estratégicos y alimentar el descontento social.
El caso de Petroquímica Río Tercero es una advertencia. Sin políticas industriales activas, sin protección inteligente ante la competencia desleal externa y sin un Estado que garantice derechos básicos, el tejido productivo argentino continuará deshilachándose, fábrica por fábrica, puesto por puesto, hasta quedar reducido a un esqueleto sin capacidad de recuperación. Lo que está en juego no es solo el salario de junio, sino el futuro de toda una comunidad industrial.
