El Consejo de Mayo se pone en marcha: una mesa de diálogo para las reformas
A casi un año de su creación y luego de múltiples postergaciones, el Gobierno nacional finalmente activó el Consejo de Mayo, el foro multisectorial con el que el oficialismo busca reimpulsar su agenda de reformas estructurales en el Congreso.
La reunión inaugural se realizó este martes en la Casa Rosada y reunió a figuras del oficialismo, representantes sindicales, empresariales y del ámbito legislativo, en un intento por mostrar voluntad de diálogo y consenso. Pero detrás de los gestos protocolares se esconde una estrategia política de alto voltaje: reposicionar al Ejecutivo como eje de las reformas sin ceder el control de la iniciativa legislativa.
Presidido por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y con la presencia central de Federico Sturzenegger, el arquitecto técnico del plan de desregulación del Estado, el Consejo se plantea como un espacio de concertación política en torno a los 10 puntos del llamado Pacto de Mayo.
Sin embargo, la realidad parlamentaria es otra: el Gobierno reconoce que no cuenta con las mayorías necesarias para aprobar sus proyectos, y necesita construir acuerdos sin resignar su hoja de ruta ideológica.
El objetivo inmediato es producir, de aquí a diciembre, un informe con propuestas legislativas sobre los principales ejes del pacto: reforma laboral, previsional, impositiva y de coparticipación federal. En los hechos, el Consejo de Mayo busca ser una usina de legitimación técnica y política de un programa de reformas que hasta ahora ha enfrentado fuerte resistencia tanto en el Congreso como en las provincias.
Uno de los temas más sensibles es la reforma laboral, que ya comenzó a tomar forma con la reglamentación del nuevo Sistema de Cese Laboral por parte de la CNV. Este mecanismo, que apunta a reemplazar las tradicionales indemnizaciones por despido, ha generado rechazo en sectores sindicales y dudas en el propio sector empresario, que ve con recelo la posibilidad de judicialización masiva.
La reforma impositiva y previsional —también incluidas en el temario— enfrentan desafíos similares. En un contexto de caída del consumo, inflación persistente y aumento de la informalidad, el margen para introducir cambios estructurales sin afectar derechos adquiridos o desfinanciar al Estado es limitado. A esto se suma el conflicto latente con los gobernadores, que el lunes se reunieron con el Ejecutivo para reclamar por el reparto de fondos, mientras preparan un proyecto alternativo de redistribución de impuestos y ATN.
En ese marco, el Consejo de Mayo corre el riesgo de convertirse en una herramienta de escenografía institucional más que en un verdadero órgano de concertación. La composición actual —donde predominan aliados del oficialismo o sectores con vínculos fluidos con el Ejecutivo— deja dudas sobre la representatividad de voces disidentes o críticas. El desafío será convertir ese espacio en un canal real de negociación y no en una mesa ratificadora de decisiones ya tomadas.
El relanzamiento del Consejo de Mayo es, en esencia, una apuesta del Gobierno para reconfigurar el tablero político ante la imposibilidad de imponer reformas por vía unilateral. El éxito o el fracaso de esta iniciativa no dependerá tanto de la voluntad declarativa de sus integrantes como de la capacidad del oficialismo para asumir que el diálogo implica ceder, no solo convencer. Y eso, hasta ahora, no ha sido el estilo dominante del gobierno de Javier Milei.
