La desregulación de la yerba mate expulsa mano de obra de Misiones hacia Brasil

Un informe de la Fundación para el Desarrollo Humano Integral (DHI) advierte que los cambios impulsados por el Gobierno nacional sobre el funcionamiento del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) provocaron una fuerte pérdida de ingresos para productores y trabajadores rurales, favorecieron la concentración del mercado y empujaron a miles de trabajadores misioneros a buscar oportunidades laborales en Brasil.

La política de desregulación aplicada sobre la actividad yerbatera comienza a mostrar consecuencias que trascienden la discusión económica y alcanzan dimensiones sociales cada vez más profundas.

El estudio sostiene que la eliminación de herramientas regulatorias históricas dejó a pequeños productores y cosecheros en una posición de extrema vulnerabilidad frente a un mercado dominado por un reducido grupo de grandes empresas.

En lugar de generar mayor competencia, como argumentó el Ejecutivo al impulsar la desregulación, los investigadores concluyen que el nuevo esquema fortaleció el poder de negociación de los sectores más concentrados de la cadena productiva.

La situación resulta especialmente sensible en una actividad que constituye uno de los pilares económicos y culturales del noreste argentino. Según el informe, alrededor de 12.500 productores participan de la producción primaria de yerba mate, la mayoría de ellos pequeños colonos que dependen de explotaciones familiares de escasa escala. Sin embargo, la industrialización y comercialización del producto se encuentra fuertemente concentrada en pocas manos.

La investigación señala que apenas una decena de empresas controla más de tres cuartas partes del procesamiento industrial, mientras que un grupo similar domina cerca del 80% de las ventas destinadas al mercado interno. Este desequilibrio estructural, afirman los especialistas, se profundizó desde que el Estado dejó de intervenir en la fijación de precios de referencia y en la administración de los volúmenes de producción.

El impacto más visible aparece en el derrumbe de los precios que reciben los productores por la hoja verde. Mientras a fines de 2023 los valores reclamados por el sector oscilaban entre 350 y 500 pesos por kilo, actualmente muchos productores denuncian que perciben apenas entre 80 y 90 pesos. La diferencia no solo compromete la rentabilidad de las explotaciones familiares, sino que amenaza la continuidad de numerosos establecimientos que ya operan con márgenes mínimos.

De acuerdo con las estimaciones de la Fundación DHI, durante el primer año de vigencia del nuevo esquema se produjo una transferencia de ingresos cercana a los 200.000 millones de pesos desde los sectores productivos hacia los eslabones más concentrados de la cadena comercial e industrial.

La crisis golpea con igual o mayor intensidad a los tareferos, los trabajadores encargados de la cosecha. Aunque existen valores mínimos establecidos para la actividad, los relevamientos realizados en territorio indican que muchos perciben remuneraciones muy por debajo de esos parámetros. La caída de los ingresos de los productores termina trasladándose directamente a quienes dependen de la cosecha para subsistir, profundizando escenarios de precarización laboral e informalidad.

En este contexto emerge un fenómeno que preocupa cada vez más a las comunidades fronterizas: la migración laboral hacia Brasil. El informe detecta un incremento sostenido de trabajadores misioneros que cruzan la frontera en busca de mejores salarios en actividades agrícolas, de la construcción y de servicios. Los datos relevados muestran que la cantidad de argentinos que gestionan documentación laboral brasileña creció exponencialmente en los últimos años, una señal que los investigadores interpretan como consecuencia directa de la pérdida de oportunidades económicas en la región.

Más allá de las cifras productivas, el trabajo plantea un interrogante de fondo sobre el modelo impulsado por el Gobierno para las economías regionales. Mientras la administración nacional defiende la reducción de regulaciones como mecanismo para mejorar la eficiencia de los mercados, los autores del informe sostienen que, en sectores altamente concentrados, la ausencia de herramientas de intervención termina fortaleciendo posiciones dominantes y debilitando a los actores más pequeños.

Frente a este escenario, la Fundación propone restituir las facultades regulatorias del INYM, establecer mecanismos de administración de stocks, garantizar precios mínimos que contemplen la sustentabilidad productiva y mejorar la representación de los trabajadores rurales dentro de los espacios de decisión. También plantea fortalecer el sistema cooperativo como herramienta para equilibrar el poder económico dentro de la cadena.

La discusión, concluyen los especialistas, ya no se limita al precio de la yerba mate. Lo que está en juego es la viabilidad económica de miles de familias productoras, el futuro laboral de los tareferos y la supervivencia de una de las economías regionales más emblemáticas de la Argentina.