El ajuste de Milei y el impacto en los niños: Un nuevo golpe a la protección social

El gobierno de Javier Milei, con la ministra Sandra Pettovello y Juan Bautista Ordoñez a la cabeza, está aplicando medidas que lejos de aliviar la crisis, la agravan para los que menos tienen. La protección de los derechos de los niños debería ser una prioridad, no una variable de ajuste.

Esta semana, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, con la firma de Juan Bautista Ordoñez, titular de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, dio un paso más en la implementación de un ajuste social que impacta directamente en la infancia, un sector que históricamente requiere de una atención y protección especial por parte del Estado.

En una serie de resoluciones publicadas este jueves en el Boletín Oficial, se oficializó el cierre de cinco programas fundamentales para la contención y protección de niños y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad. Estos programas, que abordaban desde la integración social de jóvenes hasta la protección de derechos en contextos de crisis, fueron dados de baja bajo el argumento de la necesidad de reducir duplicación de funciones y mejorar la eficiencia en la asignación de fondos públicos. Sin embargo, el debate sobre la verdadera naturaleza de este ajuste, y sus consecuencias para los sectores más necesitados, ya está instalado en la agenda política y social.

La justificación del ajuste: ¿transparencia o desmantelamiento del sistema de protección social?
El discurso oficial intenta presentar estas medidas como parte de un esfuerzo por reducir costos innecesarios y mejorar la eficiencia en la gestión pública. Según las autoridades, la eliminación de los programas responde a una supuesta «duplicación de funciones» y a la necesidad de «fortalecer la coordinación entre distintas áreas». Sin embargo, más allá de los argumentos técnicos, la realidad es que estas decisiones dejan al descubierto una tendencia preocupante: el desguace de políticas públicas clave para los sectores más desprotegidos de la sociedad, particularmente para la infancia y adolescencia en situaciones de vulnerabilidad.

Los cinco programas eliminados, entre los que se encuentran iniciativas como el Programa de Abordaje Comunitario «Abrazar Argentina» y el Programa Nacional de Inclusión e Integración de Jóvenes, no son simples iniciativas aisladas, sino piezas fundamentales de una red de contención para quienes más lo necesitan. El Espacio Sarmiento y el Espacio Unzué, por ejemplo, estaban dedicados a la protección y promoción de los derechos de niños y adolescentes, mientras que Colonia Gutiérrez e Inchausti ofrecían apoyo directo a menores en situaciones de vulnerabilidad social.

El cierre de estos programas, lejos de simplificar la estructura burocrática, parece más bien un retroceso en términos de derechos humanos. El impacto de esta decisión se siente con fuerza en las comunidades más empobrecidas, que ven como la red de apoyo social que les brindaba alguna posibilidad de protección y salida a situaciones extremas comienza a desmoronarse.

La figura de Juan Bautista Ordoñez: un cuestionado perfil para una gestión crucial
Un aspecto que no pasa desapercibido en este proceso es el perfil del responsable de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Juan Bautista Ordoñez. Ex ejecutivo de Codere Casino Online, sin ninguna experiencia previa en la gestión de políticas públicas relacionadas con la niñez, Ordoñez asumió el cargo en un contexto donde la sociedad esperaba de los funcionarios una capacidad técnica y humanística adecuada para tratar los temas más sensibles del ámbito social. En lugar de eso, se enfrenta a la crítica de quienes ven en sus decisiones una desidia preocupante frente a la protección de los derechos de los niños y adolescentes.

Si bien la falta de experiencia de Ordoñez no es de por sí una causa suficiente para cuestionar toda la gestión, lo cierto es que la forma en que está manejando los recursos destinados a la niñez genera serias dudas sobre su capacidad para abordar los desafíos inherentes a esta función. El cierre de programas sin un plan alternativo o compensatorio deja una sensación de desinterés por el bienestar infantil que resulta difícil de justificar.

La pérdida de derechos y la «necesidad de eficiencia»
Lo que parece estar en juego no es solo la «duplicación de funciones», sino el verdadero bienestar de millones de niños que, hasta hoy, recibían apoyo directo a través de estos programas. En un contexto de creciente desigualdad social y económica, los sectores más vulnerables no pueden permitirse perder los pocos recursos y programas que tienen a su disposición. Lo que el Gobierno denomina «mejorar la eficiencia» podría estar, en realidad, construyendo un desmantelamiento de políticas públicas fundamentales para garantizar el acceso a los derechos básicos de los más chicos.

La pregunta que surge es si la búsqueda de una «mayor eficiencia» en el uso de los fondos públicos justifica recortar los derechos y la protección social de los niños más vulnerables. Un análisis más profundo sobre el impacto real de estas decisiones podría llevar a la conclusión de que el costo humano del ajuste, en este caso, es demasiado alto para ser ignorado.

El cierre de estos cinco programas no es solo una cuestión administrativa: es un golpe directo a la infraestructura de protección infantil, y una muestra más del ajuste estructural que afecta de manera desproporcionada a los sectores más débiles.