Disputa de poderes y ajuste fiscal: el Gobierno desafía en la Justicia la vigencia de la Ley de Emergencia en Discapacidad
Tras el fallo que ordenó la aplicación inmediata de la norma y dejó sin efecto el núcleo del Decreto 681/2025, el Ejecutivo confirmó que apelará la decisión ante la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, en un intento por frenar una ley ya sancionada y promulgada por el Congreso.
El conflicto en torno a la Ley de Emergencia en Discapacidad expone una tensión de fondo entre el Poder Ejecutivo y el Judicial, pero también revela las prioridades políticas y económicas del Gobierno nacional.
Desde la Casa Rosada sostienen que la resolución judicial invade atribuciones propias del Ejecutivo, especialmente en materia de gasto público y diseño presupuestario. Sin embargo, el planteo oficial vuelve a poner en debate un problema recurrente: la utilización del argumento fiscal como límite casi absoluto frente a derechos sociales básicos. La administración libertaria insiste en que la ley carece de financiamiento específico, y que su implementación forzada comprometería el equilibrio fiscal, pilar central de su programa económico.
La ley declara la emergencia del sector de la discapacidad hasta fines de 2027, en un contexto marcado por atrasos en pagos, cierre de prestaciones y dificultades crecientes para familias y prestadores. La posterior suspensión por decreto, lejos de resolver el problema de fondo, profundizó la incertidumbre y generó una fuerte reacción social. El amparo presentado por dos familias con hijos con Certificado Único de Discapacidad no solo reflejó un reclamo individual, sino una situación estructural que afecta a miles de personas.
El fallo del Juzgado Federal de Campana fue contundente al priorizar los derechos a la salud, la educación y la rehabilitación por sobre las restricciones presupuestarias, y al recordar que el Estado argentino asumió obligaciones concretas a través de tratados internacionales. En ese sentido, la decisión judicial interpela directamente la lógica del ajuste cuando se aplica sobre sectores históricamente vulnerados.
La apelación del Gobierno traslada ahora la definición a la Cámara Federal de San Martín, pero el debate excede lo jurídico. Lo que está en juego es si el criterio de sostenibilidad fiscal puede justificar la suspensión de políticas públicas destinadas a garantizar derechos fundamentales, o si, por el contrario, el Estado debe encontrar mecanismos para cumplir con la ley aun en contextos de restricción económica. La resolución final marcará no solo el futuro de la Ley de Emergencia en Discapacidad, sino también el alcance real de los derechos sociales en la Argentina actual.
