El Protocolo Antipiquetes lleva 2.500 heridos y una creciente preocupación por la violencia estatal

Según un informe de Amnistía Internacional (AI), más de 2.500 personas han resultado heridas en manifestaciones debido al uso desproporcionado de la fuerza, lo que ha generado una creciente preocupación por la escalada represiva en el país. La situación no solo pone en cuestión el respeto a los derechos humanos, sino que también refleja un retroceso grave en las libertades democráticas y en la posibilidad de ejercer el derecho a la protesta.

A dos años de la implementación del Protocolo Antipiquetes, aprobado bajo la Resolución 943/2023, las denuncias de abuso y represión por parte de las fuerzas de seguridad no solo se han multiplicado, sino que han alcanzado dimensiones alarmantes.

El Protocolo, que considera un delito cualquier corte de circulación, habilita a las fuerzas de seguridad a realizar desalojos y detenciones sin la necesidad de una orden judicial. Este marco legal, en palabras de AI, contraviene los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza y abre la puerta a una violencia estatal sistemática que ha cobrado más de 2.500 víctimas directas.

Según el informe, entre 2024 y 2025, las detenciones arbitrarias aumentaron un 77%, alcanzando a más de 1.300 personas solo en el último año. Pero las víctimas no son solo los manifestantes: los periodistas también han sido blanco de agresiones.

Al menos 184 periodistas fueron heridos, algunos de ellos detenidos mientras realizaban su labor en las protestas, lo que subraya el intento de coartar no solo el derecho a la protesta, sino también el derecho a la información.

Uno de los casos más impactantes fue el del fotógrafo Pablo Grillo, quien sufrió una fractura de cráneo por un impacto directo de gas lacrimógeno durante una movilización en 2025. Aunque la Justicia identificó al gendarme responsable, la respuesta judicial fue considerada tardía, lo que pone en evidencia la impunidad que suele acompañar a estos hechos de violencia institucional. Este caso es solo uno entre muchos otros, que reflejan la normalización de la violencia como herramienta del Estado para desalentar la participación social y la disidencia política.

La directora adjunta de AI Argentina, Paola García Rey, subraya que la violencia estatal se ha convertido en una herramienta de intimidación, diseñada no solo para reprimir las protestas, sino para desincentivar el ejercicio de los derechos fundamentales en democracia. La organización advierte que este patrón represivo está creando un clima de temor y autocensura en la sociedad, lo que podría tener efectos devastadores en la participación política y el ejercicio de las libertades individuales.

En respuesta a esta violación de derechos humanos, AI y otras organizaciones están promoviendo una acción de amparo ante la Corte Suprema para declarar la inconstitucionalidad del Protocolo Antipiquetes. Según estas organizaciones, el Estado argentino tiene la obligación de garantizar los derechos establecidos en la Constitución Nacional y los compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Este debate, que involucra a miles de ciudadanos afectados y un creciente malestar social, se encuentra ahora en el centro de la discusión sobre hasta qué punto el uso de la fuerza por parte del Estado puede ser justificado bajo el pretexto de garantizar el orden público, sin vulnerar principios fundamentales de la democracia.

El camino hacia una solución, sin embargo, no es sencillo. La escalada represiva no es solo un desafío legal, sino un reflejo de un contexto más amplio de tensión política, social y económica.

La represión de la protesta social, la criminalización de la desobediencia civil y la restricción de los derechos a la libre expresión y a la información son cuestiones que no solo involucran a las fuerzas de seguridad, sino que plantean interrogantes sobre el respeto del Gobierno hacia los principios democráticos esenciales.

La decisión de la Corte Suprema podría ser crucial para marcar el rumbo de esta disputa entre la seguridad y los derechos fundamentales.