Día de la Industria: el modelo apertura deja a la producción argentina en uno de sus peores escenarios en décadas
El Día de la Industria encuentra al sector ante una disyuntiva de fondo. La apertura puede convertirse en una vía hacia una economía más competitiva si está acompañada por inversión, innovación y políticas de reconversión.
La industria manufacturera argentina llega al Día de la Industria, que se conmemora cada 2 de septiembre, atravesando una situación que expone con crudeza los costos del actual esquema económico.
A partir de datos oficiales procesados por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el sector acumula 97.312 puestos de trabajo registrados menos que en noviembre de 2023 y registra la desaparición de unas 4.020 empresas manufactureras.
El cuadro se completa con una caída de la producción del 10,2% y un nivel de utilización de la capacidad instalada que deja inactiva una parte significativa del parque industrial.
Los números plantean un interrogante que excede la coyuntura: si la apertura comercial y la reducción de costos para determinados sectores buscan generar una economía más competitiva, ¿qué ocurre cuando ese proceso avanza más rápido que la capacidad de las empresas locales para adaptarse?
El resultado, según los indicadores disponibles, es una industria que pierde empresas, empleo y participación frente a una creciente presencia de productos importados.
Durante el primer semestre de 2026, la producción industrial se ubicó 10,2% por debajo del promedio correspondiente al período comprendido entre enero de 2022 y noviembre de 2023.
En junio, la utilización de la capacidad instalada alcanzó apenas el 59,1%, reflejando un nivel de ociosidad que dificulta la recuperación de las inversiones y aumenta la presión sobre los costos de las empresas.
La contracción tampoco afecta de la misma manera a todas las ramas. Mientras la refinación de petróleo y la producción de alimentos y bebidas exhibieron leves mejoras respecto de junio de 2023, sectores vinculados a la metalmecánica —sin contar la industria automotriz— y a los minerales no metálicos sufrieron retrocesos del 30,9% y 30,4%, respectivamente.
La industria manufacturera habría perdido además alrededor de 85.600 empleos, de acuerdo con datos de la Fundación Mediterránea, mientras que la construcción acumuló una caída del 14,2% y resignó otros 62.700 puestos.
Uno de los datos que más expone las tensiones del modelo es el comportamiento del comercio exterior. En el primer semestre de 2026, las importaciones de bienes de consumo alcanzaron los USD 5.362 millones, un récord histórico para ese período.
La cifra representa un incremento del 34,7% frente al mismo período de 2023 y supera en 20,7% el máximo registrado en 2018.
El fenómeno se observa con particular intensidad en productos que compiten directamente con la fabricación nacional. Las importaciones de electrodomésticos y baterías crecieron 109,2%, las de indumentaria 86,3% y las de motos, bicicletas y otros medios de transporte 67,6%.
Al mismo tiempo, la cantidad de empresas importadoras se incrementó fuertemente, con la incorporación de 33.108 nuevas firmas al comercio exterior.
En determinados alimentos, la tendencia también resulta significativa: las compras externas de fideos y pastas aumentaron 530,8%, las de carnes frescas 315,2% y las de aceites 93,9%.
El contraste entre producción e importaciones se vuelve particularmente evidente en electrodomésticos e informática: mientras la fabricación local cayó 56,1%, el ingreso de productos provenientes del exterior registró un fuerte crecimiento.
Para los sectores críticos del Gobierno, estos resultados no pueden explicarse únicamente por una cuestión de eficiencia empresarial o por cambios en los hábitos de consumo. Señalan, en cambio, un cambio de orientación en la política industrial.
La derogación de mecanismos de Compre Nacional, la eliminación del PRODEPRO, la reducción de aranceles para determinados productos, las modificaciones en las normas antidumping y la reducción de herramientas de financiamiento para pequeñas y medianas empresas configuran un escenario en el que la industria local debe competir con menos instrumentos de protección y apoyo.
A esto se suma el debilitamiento de organismos vinculados al desarrollo productivo. El INTI perdió 854 trabajadores y la ejecución presupuestaria de la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo cayó 77,3%, según los datos citados en el informe.
En paralelo, el Gobierno apuesta por atraer grandes inversiones mediante una ampliación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), bajo la expectativa de que el capital privado impulse una nueva estructura productiva.
Sin embargo, también allí aparecen interrogantes. El balance del RIGI original muestra que, frente a anuncios de inversión por unos USD 81.000 millones, la ejecución efectiva habría alcanzado apenas USD 700 millones.
La diferencia entre los anuncios y los desembolsos concretos vuelve a poner en discusión cuánto de la estrategia económica se traduce realmente en producción, empleo e inversión dentro del territorio argentino.
El debate, por lo tanto, no se limita a determinar si la industria debe recibir protección o competir libremente. El punto central es si la apertura puede desarrollarse sin una estrategia de desarrollo productivo capaz de preservar capacidades industriales, generar empleo formal y promover inversiones de largo plazo.
La industria continúa representando alrededor del 18% del PIB y sostiene unos 2,5 millones de empleos directos, además de ofrecer condiciones laborales que, en promedio, se encuentran por encima de las del conjunto de la economía.
Su deterioro no constituye entonces un fenómeno sectorial aislado: puede tener consecuencias sobre el empleo, las cadenas de proveedores, las economías regionales y la capacidad tecnológica del país.
