Desguace en el Banco Nación: el Gobierno impulsa el cierre de más de 60 sucursales

El ajuste del gobierno de Javier Milei alcanzó de lleno al Banco de la Nación Argentina (BNA), una de las instituciones financieras más emblemáticas del país, con un nuevo plan de racionalización que contempla el cierre de al menos 60 sucursales, centros de atención pyme y oficinas operativas.

Bajo el paraguas del Plan Estratégico 2024-2027, la conducción del banco dio inicio a un proceso que, con el argumento de “modernización” y “eficiencia”, avanza hacia un desmantelamiento silencioso de su histórica red territorial.

La política de cierre y fusión de sucursales apunta a reducir la cantidad de oficinas activas, que en diciembre de 2024 ascendía a 769, a poco más de 700 en los próximos meses. El banco justifica esta decisión en supuestas redundancias operativas y en la posibilidad de reasignar personal, al tiempo que proyecta un ahorro mensual de unos 139 millones de pesos.

Pero detrás del discurso tecnocrático y de eficiencia administrativa se esconde una estrategia de vaciamiento territorial que golpea especialmente a las provincias y localidades donde el Banco Nación es, muchas veces, la única entidad bancaria con presencia física. Allí no solo cumple funciones financieras, sino también sociales: paga jubilaciones, otorga créditos a pequeños productores, atiende a pymes y sostiene la bancarización en zonas que el mercado considera “no rentables”.

La poda no se limita a las sucursales. También afecta a los Centros de Atención PyME Nación, de los cuales se eliminarán al menos 14. Según la nueva estrategia, los ejecutivos de cuenta ya no atenderán en oficinas fijas, sino que operarán bajo un modelo “itinerante”, visitando empresas y clientes según necesidad. Esta idea, presentada como innovadora, ignora las dificultades logísticas que implica brindar asesoramiento técnico y financiero sin estructura fija, especialmente en regiones alejadas de los centros urbanos.

La digitalización, que alcanza ya al 98% de las transacciones según datos oficiales, se presenta como el gran argumento del ajuste. El avance de las operaciones electrónicas es innegable, pero la transición digital —si no es inclusiva— corre el riesgo de expulsar a sectores enteros: adultos mayores, trabajadores no bancarizados, poblaciones rurales y pymes sin conectividad o conocimiento técnico.

El Gobierno apuesta así por una versión minimalista del Banco Nación, reduciendo su presencia física y concentrando sus operaciones en plataformas digitales. En nombre de la austeridad, se desmantela uno de los pocos brazos del Estado que llegaba a todo el país y ofrecía servicios financieros bajo una lógica pública y no meramente comercial.

La decisión, en lugar de fortalecer al banco como actor clave del desarrollo económico nacional, lo reconfigura como una institución más pequeña, más lejana y más despojada de su histórica función social. Mientras tanto, el impacto real del ajuste lo sentirán, como siempre, los sectores más vulnerables y las economías regionales.