Cristina Kirchner cuestionó restricciones judiciales tras recibir más de 700 pedidos de visita en su domicilio

La situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner volvió a tensionar el escenario político y legal luego de que el Tribunal Oral Federal N.º 2 recibiera más de 700 correos electrónicos con solicitudes de ciudadanos para visitarla en su domicilio.

Los mensajes llegaron tras la publicación, por parte del abogado Gregorio Dalbón, de la dirección electrónica del tribunal en la red social X, en medio del debate sobre las restricciones impuestas al régimen de visitas de la expresidenta.

El trasfondo del conflicto radica en una resolución del tribunal que impone límites a las visitas, permitiendo únicamente el ingreso de familiares, abogados y médicos previamente autorizados por la defensa. Cualquier otra persona que desee ingresar debe presentar una solicitud formal y esperar la autorización judicial. Esta decisión fue apelada por los abogados de Kirchner, Carlos Beraldi y Ari Llernovoy, quienes consideran que estas restricciones no solo son arbitrarias, sino que también afectan derechos fundamentales.

Según la defensa, el régimen impuesto limita la vida social y política de la exmandataria, al condicionar su interacción con referentes partidarios, amigos y militantes a una aprobación judicial previa. En ese marco, se solicitó la intervención de la Cámara Federal de Casación Penal, que deberá determinar si el fallo del Tribunal Oral se ajusta a derecho.

Cristina Kirchner, por su parte, criticó duramente la medida a través de sus redes sociales, calificando el régimen de visitas como “una exclusión arbitraria” y “violatoria de los más elementales derechos civiles”. La expresidenta ironizó al señalar que parece existir una «Constitución y Códigos especiales» aplicables solo a ella, y cuestionó la excepcionalidad con la que, asegura, se la somete dentro del sistema judicial.

El Tribunal, ante la avalancha de correos, derivó los pedidos a los abogados de Kirchner para que los canalicen, aunque la resolución judicial sigue vigente y, por ahora, limita las visitas a una lista cerrada. El volumen de solicitudes no solo evidencia el respaldo político y social que aún moviliza la figura de la exmandataria, sino que también instala un nuevo foco de discusión sobre el alcance de los derechos de una persona en prisión domiciliaria con relevancia pública.

Este episodio vuelve a colocar a la justicia federal en el centro de la escena política, en un contexto donde el poder judicial es frecuentemente señalado como actor con peso institucional y político decisivo. Mientras se espera la decisión de Casación, el caso plantea una vez más interrogantes sobre la igualdad ante la ley, el tratamiento judicial a figuras de alto perfil y los límites entre justicia, política y garantías individuales.