El Gobierno avanza con el examen obligatorio a empleados públicos: el 94% aprobó
En el marco del proceso de reforma del Estado impulsado por el Gobierno nacional, ya se han tomado 45.889 exámenes de idoneidad a empleados de la Administración Pública Nacional, con una tasa de aprobación del 94%.
Se trata de una evaluación obligatoria implementada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, como condición para continuar trabajando en el sector público nacional.
La prueba, de carácter presencial, anónimo y con modalidad de opción múltiple, evalúa tres áreas clave: Comprensión Lectora, Razonamiento Lógico-Matemático y conocimientos sobre la Administración Pública Nacional. Existen tres versiones según el perfil del trabajador: Servicios Generales, Administrativos y Profesionales.
Si bien cada agente puede rendir el examen hasta tres veces, los datos publicados por el Ejecutivo hacen referencia a la cantidad total de pruebas realizadas, no al número de personas evaluadas.
Los resultados generales indican un desempeño positivo: de los casi 46.000 exámenes tomados, 43.047 fueron aprobados y 2.842 no alcanzaron el puntaje mínimo requerido. Sin embargo, el análisis por organismos revela matices significativos. Algunas dependencias, como la Secretaría de Cultura, la Agencia de Seguridad Nuclear y el Banco Nacional de Datos Genéticos, lograron una aprobación del 100%, lo que sugiere altos niveles de preparación y conocimiento técnico en sus planteles.
Entre los grandes ministerios, el de Economía se posicionó como uno de los más destacados, con un 95,3% de aprobados sobre un total de 10.504 evaluaciones. Le siguen la Jefatura de Gabinete (94% de aprobación), el Ministerio de Salud (93,5%) y el Ministerio de Capital Humano (93%). En contraste, el Ministerio de Defensa presentó uno de los rendimientos más bajos, con un 89% de exámenes aprobados sobre 2.209 tomados.
El examen se extiende a más de 100 dependencias, incluyendo ministerios, entes descentralizados, organismos autónomos, institutos y empresas públicas. Para el Gobierno, esta medida apunta a garantizar estándares mínimos de idoneidad y a profesionalizar la administración pública, en un contexto de revisión y eventual reestructuración del empleo estatal.
Más allá del alto porcentaje de aprobación, los datos permiten observar diferencias internas entre áreas que podrían tener implicancias en futuros procesos de reorganización. Mientras que en algunas dependencias se exhibe excelencia técnica, otras podrían enfrentar mayores desafíos de capacitación o recambio. La política de evaluación también opera como una señal clara de los criterios de eficiencia y profesionalismo que el Ejecutivo busca instalar como base del empleo público.
