El Gobierno concretó la privatización de Transener y profundiza la retirada del Estado del sistema energético
Para sus defensores, la operación representa un paso hacia un mercado más eficiente; para sus críticos, consolida una lógica de retiro estatal que podría debilitar la soberanía energética y limitar herramientas de intervención frente a futuras crisis del sistema eléctrico.
El gobierno de Javier Milei avanzó este martes en una de las privatizaciones más significativas del sector energético al desprenderse del control estatal sobre Transener, la principal transportadora de energía eléctrica del país.
La operación quedó oficializada mediante la Resolución 673/2026 publicada en el Boletín Oficial y firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo.
La venta se concretó por 356,1 millones de dólares y representa un nuevo paso dentro del proceso de desinversión estatal impulsado por la administración libertaria, que busca reducir la participación pública en áreas estratégicas bajo el argumento de eficiencia y equilibrio fiscal. La adjudicación quedó en manos del consorcio integrado por Edison Transmisión S.A. y Genneia S.A., cuya oferta superó a las presentadas por Central Puerto S.A. y EDENOR S.A..
La operación incluyó la venta de la participación que Energía Argentina S.A. (Enarsa) mantenía en Citelec, la sociedad controlante de Transener. A través de esa estructura societaria se administra el 52,65% del paquete accionario de la empresa encargada del transporte de energía eléctrica en alta tensión en todo el territorio nacional, un segmento clave para el funcionamiento del sistema energético argentino.
Desde el Ministerio de Economía sostuvieron que el proceso se realizó mediante un concurso público nacional e internacional y remarcaron que las ofertas superaron el valor de referencia establecido por el Banco de Inversión y Comercio Exterior. Sin embargo, la privatización reavivó cuestionamientos sobre la cesión de infraestructura estratégica a manos privadas y el progresivo retiro del Estado de sectores considerados sensibles para el desarrollo económico.
La decisión forma parte del esquema de venta escalonada de Enarsa, diseñado por el Gobierno para avanzar en la reducción del peso estatal en el mercado energético. Oficialmente, la administración sostiene que el objetivo es garantizar inversiones y continuidad operativa. No obstante, especialistas del sector advierten que este tipo de procesos suelen concentrar poder en grandes grupos privados y reducir la capacidad estatal de planificación energética a largo plazo.
Además de controlar Transener, Citelec posee participación indirecta en TRANSBA, encargada del transporte troncal de energía en la provincia de Buenos Aires, y en Transener Internacional Ltda.. La magnitud de los activos involucrados convierte a esta privatización en una de las más relevantes desde el inicio de la actual gestión.
El Gobierno fijó un plazo de 15 días hábiles para concretar la firma definitiva del contrato de compraventa. Mientras tanto, el debate sobre el rol del Estado en servicios esenciales vuelve a ocupar el centro de la discusión política y económica.
