En la antesala de la marcha universitaria, el Gobierno profundiza el ajuste sobre ciencia y educación
El conflicto, lejos de desactivarse, parece ingresar en una etapa más profunda. Mientras el oficialismo sostiene que el equilibrio fiscal es innegociable, universidades, científicos y docentes advierten que el costo del ajuste podría traducirse en una pérdida de capacidades acumuladas durante décadas, fuga de profesionales y un deterioro estructural difícil de revertir.
A horas de una nueva marcha universitaria en defensa de la educación pública, el Gobierno nacional oficializó una profundización del ajuste presupuestario sobre el sistema científico, tecnológico y educativo.
La medida, instrumentada a través de la Decisión Administrativa 20-2026, implica un recorte de $2,5 billones en distintas partidas del Presupuesto 2026 y vuelve a poner en el centro del conflicto la orientación de las prioridades del gasto público.
Según detalló el Grupo EPC, uno de los espacios que monitorea la evolución presupuestaria del Estado, el recorte afecta de manera directa a organismos de ciencia y tecnología, universidades nacionales y programas educativos estratégicos. Mientras se reducen fondos para infraestructura, equipamiento, becas y alfabetización, aumentan las partidas destinadas a la ANSES y al pago de deuda pública, una decisión que desde distintos sectores interpretan como una señal política deliberada en medio del creciente malestar universitario.
El impacto más fuerte dentro del sistema científico recae sobre el ex Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, que pierde más de $11.800 millones, principalmente en áreas sensibles como equipamiento y biblioteca electrónica. El CONICET, principal organismo de investigación del país, sufrirá además una reducción de $2 mil millones en becas, afectando de forma directa la continuidad de jóvenes investigadores y proyectos en desarrollo.
El ajuste también alcanza a organismos estratégicos como la CONAE y la CNEA. En ambos casos, los recortes golpean partidas vinculadas a bienes de uso, equipamiento y activos financieros, debilitando capacidades de desarrollo tecnológico que históricamente fueron consideradas políticas de Estado. En paralelo, instituciones como el INTA, el INTI y la Agencia I+D+i enfrentan modificaciones presupuestarias más técnicas, aunque igualmente regresivas en términos operativos.
Sin embargo, uno de los puntos más sensibles vuelve a estar en las universidades nacionales. El Gobierno redujo en más de $5.300 millones los fondos destinados a infraestructura edilicia en casas de estudio de todo el país, entre ellas la UNLP, UNSAM, UNRC, UNER, UNL, UNNE, UNDAV, UNPAZ y UNRAF. Desde diciembre de 2023, el sistema universitario acumula una caída presupuestaria real del 37,3%, en un contexto marcado por inflación persistente, deterioro salarial y crisis de funcionamiento.
La Secretaría de Educación tampoco quedó exenta del ajuste. El recorte asciende a $78.700 millones y afecta programas centrales como el Plan Nacional de Alfabetización, infraestructura escolar y el fondo salarial docente. Para especialistas del sector, la poda sobre áreas educativas básicas contradice el discurso oficial de eficiencia y modernización, ya que compromete herramientas esenciales para enfrentar problemas estructurales de aprendizaje y desigualdad.
La simultaneidad entre el anuncio del ajuste y la convocatoria a la movilización universitaria no pasó desapercibida. En ámbitos académicos y sindicales interpretan la medida como una señal de endurecimiento político frente a las protestas y un intento de reafirmar el rumbo fiscal del Gobierno aun a costa de áreas estratégicas para el desarrollo nacional.
