Desaprobación sin castigo político: la paradoja social que sostiene a Milei en medio del ajuste

Por ahora, Milei parece beneficiarse de un contexto en el que el descontento social no se traduce en una condena política inmediata, pero la brecha entre expectativas y realidad material podría convertirse, más temprano que tarde, en un límite para ese margen de tolerancia social.

Los últimos datos de Pulso Research exponen una de las principales contradicciones del escenario político actual: la gestión de Javier Milei acumula un alto nivel de rechazo social, pero ese malestar no se traduce automáticamente en una imputación directa de responsabilidades por la crisis económica.

El 48,3% de los encuestados evalúa al gobierno como “malo” o “muy malo”, aunque un 44,6% señala al gobierno de Alberto Fernández como el principal culpable de la situación económica negativa.

Esta disociación entre evaluación de la gestión y asignación de culpas resulta clave para entender la relativa estabilidad política del oficialismo libertario. A pesar de que seis de cada diez personas admiten que sus ingresos no alcanzan y que debieron resignar consumos básicos, una porción significativa de la sociedad continúa interpretando el deterioro material como una herencia del pasado y no como una consecuencia directa de las políticas actuales.

El dato es aún más relevante si se observa que el 44,1% considera que “el cambio va por el camino incorrecto”, superando al 38% que cree lo contrario. Sin embargo, el clima social no aparece dominado por la bronca o el rechazo frontal. Por el contrario, el sentimiento predominante es la “esperanza” (35,7%), seguida por la “incertidumbre” (21,3%). La angustia y el enojo, habituales en contextos de crisis, quedan relegados a un segundo plano.

Este fenómeno puede leerse como un crédito político diferido: una parte importante de la población reconoce el impacto negativo del ajuste en su vida cotidiana, pero todavía acepta el relato de la “pesada herencia” y posterga el juicio definitivo sobre la gestión libertaria. En ese marco, solo el 40,5% asocia de manera directa su situación económica actual con las políticas de Milei, mientras que el resto no establece esa relación o no logra identificar con claridad a un responsable.

La distancia entre percepción y realidad económica, sin embargo, se vuelve cada vez más difícil de sostener frente a los datos duros. Según el Instituto Gino Germani de la UBA, siete de cada diez trabajadores no logran cubrir la Canasta Básica Total, que en noviembre de 2025 superó el millón doscientos mil pesos para una familia tipo. El 72% de los ocupados, tanto formales como informales, percibe ingresos inferiores al millón mensual, una cifra que expone la magnitud del deterioro salarial.

Aun así, los indicadores sociales muestran una mejora relativa en comparación con el año anterior. El Observatorio de la Deuda Social de la UCA registró que la pobreza alcanzó a casi cuatro de cada diez argentinos en el tercer trimestre, el nivel más bajo desde 2018, con una indigencia del 6,8%. Estos números funcionan como un respaldo parcial para el discurso oficial, que exhibe la desaceleración de la pobreza como evidencia de que el ajuste estaría empezando a dar resultados.

El problema de fondo es que esta mejora estadística convive con una vida cotidiana marcada por la restricción, la pérdida de consumo y la fragilidad económica. La pregunta abierta es cuánto tiempo puede sostenerse la esperanza sin una recuperación tangible de los ingresos.