Escalada de tensión: la AFA denuncia una ofensiva política del Gobierno

El fútbol argentino queda atrapado en una disputa que excede lo deportivo y se inscribe de lleno en la puja política del país. Mientras el Gobierno avanza con su agenda de desregulación y reforma institucional, la AFA se posiciona como un actor de resistencia, defendiendo su autonomía y su modelo histórico.

La confrontación entre el Gobierno nacional y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sumó un nuevo capítulo de alta intensidad política e institucional.

Tras la denuncia impulsada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ante el Comité de Ética de la Conmebol contra Claudio “Chiqui” Tapia y el tesorero Pablo Toviggino, la conducción del fútbol argentino respondió con un extenso y duro comunicado en el que denunció un “ataque coordinado” del gobierno de Javier Milei.

Lejos de limitarse a una defensa puntual, la AFA construyó un relato de persecución sistemática por parte de distintos funcionarios de La Libertad Avanza. En el documento, la entidad sostuvo que las acciones del Ejecutivo no son aisladas ni espontáneas, sino parte de una estrategia política que busca condicionar su autonomía y forzar un cambio estructural en el modelo del fútbol argentino.

Uno de los ejes centrales del conflicto es la supuesta interferencia del Gobierno a través de la Inspección General de Justicia (IGJ), que —según la AFA— intentó bloquear la realización de su Asamblea y limitar el derecho de los dirigentes a votar libremente. Para la conducción encabezada por Tapia, estas maniobras representan un intento de intervención indirecta, una amenaza que vuelve a aparecer cada vez que el Ejecutivo no logra imponer sus decisiones por la vía administrativa o judicial.

En paralelo, la AFA interpreta las denuncias judiciales y mediáticas como parte de un desgaste político dirigido a erosionar su legitimidad. Desde la entidad remarcan que en todas las causas iniciadas se presentaron explicaciones ante la Justicia Federal y que, hasta el momento, no prosperaron los planteos del oficialismo.

El trasfondo del enfrentamiento parece ir más allá de las acusaciones personales. La resistencia de la AFA a la introducción de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) se consolidó como uno de los principales puntos de fricción con el Gobierno. Para la actual gestión del fútbol argentino, la promoción de este modelo empresarial atenta contra la tradición de los clubes como asociaciones civiles sin fines de lucro y vulnera la capacidad de decisión de sus socios.

En ese contexto, el ministro Federico Sturzenegger aparece señalado como uno de los impulsores de una presión económica sobre los clubes, a través del aumento de la alícuota del Decreto 1212. La AFA sostiene que esta política busca “empobrecer” a las instituciones deportivas para forzar su transformación, una maniobra que —según el comunicado— ya fue frenada por la Justicia.

El conflicto alcanzó su punto más sensible con la denuncia de Bullrich contra Toviggino, a quien la ministra vinculó con una supuesta red de espionaje ruso. Desde la AFA calificaron la acusación como “descabellada” y la interpretaron como un nuevo intento de criminalizar a su dirigencia, elevando la disputa a un plano internacional al involucrar a la Conmebol.