El Gobierno avanza sobre la Ley de Glaciares y reabre el conflicto ambiental

El debate que se abre en el Congreso no será meramente técnico, sino profundamente político: se discutirá si el “orden normativo” que propone Milei es, en realidad, un nuevo paso hacia la flexibilización ambiental en nombre del mercado y la urgencia fiscal.

El Gobierno de Javier Milei decidió llevar al Congreso una reforma de la Ley de Glaciares, una norma clave en la protección ambiental, y lo hizo envuelta en un discurso que combina federalismo, seguridad jurídica y promoción de inversiones.

A través de un comunicado oficial, la Casa Rosada presentó la iniciativa como una corrección técnica a un marco legal “defectuoso”, aunque el trasfondo del proyecto vuelve a encender las alarmas en torno al retroceso de las políticas ambientales en favor de la explotación económica de los recursos naturales.

Desde la óptica del Ejecutivo, la ley vigente estaría atravesada por ambigüedades que habilitaron interpretaciones “arbitrarias”, generando conflictos judiciales, frenando proyectos productivos y limitando la autonomía de las provincias. Sin embargo, esta caracterización omite que dichas “ambigüedades” fueron, en muchos casos, el resultado de una deliberada decisión legislativa orientada a priorizar el principio precautorio en ecosistemas estratégicos y altamente sensibles.

El argumento del “federalismo ambiental” aparece como uno de los ejes centrales del proyecto. El Gobierno sostiene que la normativa actual avanza sobre competencias provinciales, cuando en realidad la Ley de Glaciares fue concebida como un piso mínimo de protección, tal como lo establece la Constitución Nacional. La reforma, en ese sentido, podría reinterpretarse no como una defensa del federalismo, sino como una transferencia de poder hacia las provincias con mayor presión extractiva y menor capacidad —o voluntad política— de control ambiental.

Otro punto controvertido es la redefinición de qué glaciares merecen protección. El oficialismo propone concentrarse únicamente en aquellos que cumplen una “función hídrica efectiva”, una categoría que introduce criterios técnicos discutibles y abre la puerta a exclusiones significativas. Esta lógica reduce el valor ambiental de los glaciares a su utilidad inmediata, dejando de lado su rol estratégico en el equilibrio ecológico, la regulación climática y la preservación a largo plazo de los recursos hídricos.

La narrativa oficial también señala que la ley fue utilizada con “pretextos ideológicos” para bloquear el desarrollo económico. Este planteo vuelve a instalar una falsa dicotomía entre ambiente y producción, desconociendo que la protección de los glaciares no solo es una obligación legal y científica, sino también una condición básica para la sustentabilidad de las economías regionales que dependen del agua.

Con esta iniciativa, el Gobierno refuerza su perfil desregulador y su alineamiento con sectores extractivos, particularmente la megaminería, en un contexto de crisis económica que vuelve tentadora cualquier promesa de inversión.