Denuncian por presunto contrabando a pesqueras que operan en el Atlántico Sur con licencias británicas
El caso abre un nuevo frente judicial alrededor de la explotación pesquera en el Atlántico Sur y vuelve a exponer una tensión persistente: mientras Argentina sostiene su reclamo de soberanía sobre Malvinas, la disputa también se libra en el terreno concreto del control de los recursos naturales y de la capacidad del Estado para hacer valer sus normas.
Una denuncia presentada ante la Justicia en lo Penal Económico puso nuevamente bajo discusión el control argentino sobre los recursos del Atlántico Sur.
La presentación apunta contra directivos y representantes de empresas pesqueras internacionales que desarrollarían actividades en aguas próximas a las Islas Malvinas utilizando permisos emitidos por autoridades británicas.
Los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio solicitaron que se investigue si las operaciones podrían constituir el delito de contrabando, al considerar que las compañías estarían explotando recursos pesqueros que Argentina reivindica como propios y comercializándolos al margen de los mecanismos de fiscalización nacionales.
El planteo judicial excede, sin embargo, la eventual responsabilidad de las empresas. Los denunciantes pidieron determinar también si existieron posibles incumplimientos por parte de funcionarios argentinos encargados de controlar el área marítima, particularmente ante una eventual falta de vigilancia, patrullaje o impulso de actuaciones destinadas a impedir y perseguir este tipo de actividades.
Según la denuncia, los buques involucrados capturarían recursos vivos dentro de sectores que los abogados consideran integrantes de la Plataforma Continental y de la Zona Económica Exclusiva Argentina.
Posteriormente, esas capturas podrían ser exportadas, descargadas o trasladadas sin atravesar los controles de la Aduana argentina.
La presentación sostiene que las denominadas licencias de pesca británicas constituirían el instrumento mediante el cual se habilitaría una explotación comercial que, desde la perspectiva argentina, carecería de legitimidad.
Los denunciantes calificaron esos permisos en términos extremadamente críticos y los vincularon con un supuesto mecanismo de extracción de recursos nacionales sin autorización del Estado argentino.
El argumento central de la acusación es que la utilización de embarcaciones y estructuras comerciales para eludir controles nacionales podría configurar distintas modalidades previstas en el Código Aduanero.
Por ello, solicitaron investigar si hubo maniobras destinadas a impedir la fiscalización, evitar el pago de derechos o sacar del territorio recursos que, según su interpretación jurídica, pertenecen a la Argentina.
Para determinar el alcance de las operaciones, la denuncia solicita información a la Prefectura Naval Argentina y al Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) sobre los avistajes, identificaciones y movimientos de las flotas que hayan operado en el Atlántico Sur bajo licencias británicas o sin permisos argentinos.
También se pidió que la Dirección General de Aduanas informe si las empresas involucradas registraron exportaciones vinculadas con esas capturas o abonaron los correspondientes aranceles.
A su vez, se requirió a la Inspección General de Justicia información sobre posibles relaciones societarias entre esas compañías, sus filiales y activos ubicados en el territorio continental argentino.
El expediente introduce así una cuestión que va más allá de la disputa diplomática por Malvinas: la capacidad efectiva del Estado argentino para controlar y proteger los recursos naturales de su espacio marítimo. La denuncia plantea que una política de soberanía no puede limitarse a declaraciones, sino que requiere presencia, fiscalización y capacidad operativa sostenida.
En ese sentido, el pedido para investigar eventuales responsabilidades de funcionarios argentinos constituye uno de los aspectos más sensibles de la presentación.
Si la Justicia comprobara que existieron actividades comerciales durante períodos prolongados sin controles suficientes, la discusión podría trasladarse desde quienes explotan los recursos hacia quienes tenían la obligación estatal de supervisarlos.
Los denunciantes solicitaron finalmente que, en caso de existir elementos suficientes, los responsables de las empresas sean citados a declaración indagatoria y que se evalúe el dictado de medidas cautelares sobre embarcaciones y activos comerciales vinculados con las operaciones investigadas.
