Denuncian al libertario Alfredo Olmedo por someter a trabajadores rurales a condiciones “inhumanas”

El diputado nacional de La Libertad Avanza fue denunciado tras una inspección que reveló condiciones laborales precarias en su campo olivícola en La Rioja. Mientras defiende en el Congreso la flexibilización de derechos laborales, en su empresa somete a los trabajadores a convivir con letrinas y violaciones flagrantes a la normativa vigente.

En un nuevo capítulo que expone la distancia entre el discurso público y la práctica privada de algunos sectores del oficialismo, el diputado libertario Alfredo Olmedo fue denunciado por tener trabajadores en condiciones “inhumanas” en su finca olivícola en La Rioja.

Según constató un operativo conjunto entre la UATRE, el RENATRE y la Secretaría de Trabajo provincial, los empleados —en su mayoría trabajadores migrantes— se alojaban en condiciones sanitarias indignas, durmiendo junto a letrinas y sin acceso básico a servicios elementales.

La inspección, realizada en el campo Alfredo H. Olmedo S.A., se enmarca en un programa nacional de fiscalización laboral que, entre enero y abril de este año, relevó a más de 2500 trabajadores y detectó 133 casos con irregularidades graves. En el establecimiento del legislador libertario se censaron 63 trabajadores rurales. Las actas labradas reflejan violaciones sistemáticas a las leyes laborales, sanitarias y de seguridad vigentes, dejando en evidencia una contradicción brutal entre la prédica del “libre mercado” y la explotación concreta.

Un modelo que normaliza la precarización

Olmedo —conocido por su campera amarilla, su estilo provocador y su cercanía con los sectores más conservadores del país— no es un actor menor dentro del esquema oficialista. Su participación en el armado libertario de Salta fue clave para posicionar figuras propias en el Congreso, y ha sido un defensor abierto de la flexibilización laboral, bajo el lema de “terminar con los privilegios de los sindicatos y liberar el mercado de trabajo”.

Sin embargo, lo que parece promocionar como “libertad” en los micrófonos, se traduce en la práctica como explotación sin límites. Las condiciones halladas en su finca —con trabajadores hacinados, sin condiciones mínimas de higiene, y sometidos a un régimen laboral al borde de la servidumbre moderna— representan un retroceso de más de un siglo en materia de derechos laborales.

Lo ocurrido no es un caso aislado, sino un síntoma preocupante de lo que implica el avance de una agenda que desprecia el rol del Estado en la regulación laboral. El propio presidente Javier Milei ha promovido un modelo que apunta a desregular, debilitar las inspecciones y vaciar de contenido los derechos laborales conquistados durante décadas. Pero esta denuncia —contra uno de sus aliados legislativos— expone lo que muchos sectores sociales ya advertían: la eliminación de regulaciones no genera libertad, sino mayor margen para el abuso.

La situación también invita a reflexionar sobre el alcance real de los discursos de austeridad, eficiencia y libertad que sostienen algunos sectores del oficialismo. Mientras se denuncia el “gasto público” y se recortan políticas de protección laboral, empresarios con cargos legislativos perpetúan condiciones que rozan la esclavitud moderna en sus propios emprendimientos.

Urge una respuesta institucional

Frente a este escándalo, la respuesta estatal no puede limitarse a la denuncia administrativa. Es indispensable que el Congreso y las instituciones laborales actúen con firmeza para investigar a fondo las responsabilidades del diputado Olmedo, no sólo como empresario, sino también como funcionario público. Si el oficialismo guarda silencio o justifica el hecho como un “exceso de regulación”, estará validando una cultura empresarial de impunidad.

En un contexto de creciente desigualdad, despidos masivos y avance del desempleo, la defensa de condiciones dignas de trabajo no es un lujo: es una cuestión de dignidad y justicia social básica. El caso Olmedo no solo interpela a la política, sino a la sociedad en su conjunto: ¿en qué país queremos vivir? ¿Uno donde los trabajadores sean sujetos de derechos, o meros recursos descartables al servicio del lucro sin límites?