Denuncian a Molinos Río de la Plata por despidos encubiertos, riesgos laborales y retrocesos en derechos adquiridos

La planta de Molinos Río de la Plata en Esteban Echeverría se ha convertido en el escenario de un conflicto que expone, con crudeza, la combinación tóxica entre recorte empresarial, flexibilización laboral de facto y ausencia (o pasividad) estatal.

Delegados de la Comisión Interna y representantes del sindicato STIA denuncian que la empresa comenzó a aplicar una reducción de personal unilateral, sin contemplar las consecuencias sobre la seguridad de los trabajadores ni respetar las condiciones establecidas en el convenio colectivo de trabajo.

La advertencia es clara: se está trabajando bajo condiciones peligrosas. Según los delegados, las líneas de producción que antes operaban con cuatro personas ahora funcionan con tres, forzando una sobrecarga que no solo afecta la salud física y mental de los empleados, sino que incrementa sustancialmente el riesgo de accidentes laborales. Esta política de «hacer más con menos» no es novedosa, pero resulta especialmente alarmante cuando se ejecuta en el contexto de industrias con maquinarias pesadas y procesos altamente exigentes.

Luciano Greco, delegado gremial, sintetizó la situación con una frase elocuente: “La motosierra entró a Molinos”. Y no es sólo una metáfora. El ajuste aplicado por una de las principales empresas alimenticias del país —propiedad de la poderosa familia Pérez Companc— se enmarca en una lógica de traslación de costos: ante la baja en ventas, la compañía opta por recortar mano de obra, eliminar bonificaciones pactadas por convenio y precarizar las condiciones laborales, en lugar de revisar sus márgenes de rentabilidad o su esquema de distribución interna de beneficios.

El argumento de la empresa —baja en ventas— no convence a los trabajadores, que apuntan a una causa más estructural: “Esto es producto de la política empobrecedora del gobierno de Milei”. La caída del consumo interno, consecuencia directa de un ajuste brutal sobre salarios y jubilaciones, es ahora utilizada como excusa por el sector empresarial para avanzar con un plan de recortes que no sólo afecta el ingreso de los trabajadores, sino que pone en riesgo su integridad física.

En este contexto, la reacción del Estado se vuelve fundamental. El Ministerio de Trabajo bonaerense, encabezado por Walter Correa, fue convocado a inspeccionar la planta. Según los delegados, ya existe un pedido formal para que se actúe con rapidez antes de que ocurra “una tragedia”. La audiencia prevista para este miércoles 4 de junio será clave: de su resultado dependerá si se establece un freno a esta avanzada patronal o si se profundiza una tendencia preocupante hacia la desregulación encubierta del mercado laboral.

Más grave aún es la denuncia sobre la violación del convenio colectivo: la empresa estaría eliminando bonificaciones pactadas, lo que constituye un atentado contra derechos adquiridos. La modificación unilateral de condiciones laborales atenta no sólo contra los principios básicos del derecho del trabajo, sino que marca un precedente peligroso en un momento en que el gobierno nacional impulsa, sin éxito parlamentario, reformas regresivas sobre la legislación laboral.

Lo que ocurre en Molinos Río de la Plata es un microcosmos del modelo que se pretende consolidar: trabajadores sobreexigidos, normativas incumplidas, sindicatos presionados y empresas que, ante la mínima caída de sus ingresos, ajustan siempre por el eslabón más débil. Si el Estado no interviene con decisión, lo que hoy es una planta puede multiplicarse en decenas de industrias que vean en este caso una vía libre para avanzar sobre derechos históricos.

En palabras de los delegados: “En Molinos no sobran trabajadores, al contrario, faltan cubrir puestos”. Lo que sobra, en todo caso, es una concepción empresarial que considera a los trabajadores como un costo prescindible en lugar de reconocerlos como el sostén central del proceso productivo.