Grave denuncia contra Baterías Champion: plomo, salarios en negro y complicidades que intoxican
La situación, denunciada por el sindicato ATIQyP, expone uno de los rostros más crudos de la precarización industrial en la Argentina actual.
La denuncia contra Industrias Harbat S.A., conocida por su marca comercial Baterías Champion, va mucho más allá de un conflicto laboral. Revela una red de violaciones sistemáticas a los derechos básicos de los trabajadores, donde se combinan negligencia empresarial, complicidad sindical, y la indiferencia —cuando no inoperancia— de los organismos de control estatal.
La acusación más alarmante apunta a la salud de los empleados: al menos ocho trabajadores presentaron niveles elevados de plomo en sangre, uno de ellos con una intoxicación del 66%. El diagnóstico fue obtenido por fuera de la ART, a la que se acusa de ocultar resultados, lo que configura no sólo una omisión ética sino una posible responsabilidad penal por encubrimiento. En una actividad industrial de riesgo como la fabricación de baterías, este tipo de contaminación no es un detalle técnico: es una sentencia de enfermedad crónica para quienes la sufren.
A esto se suman otros elementos que agravan el cuadro: trabajo en negro, condiciones edilicias deplorables, falta de elementos de seguridad, y persecución sindical. En pleno siglo XXI, la empresa parece operar bajo las lógicas de la revolución industrial: sin garantías, sin controles, sin derechos. El relato de los pisos embarrados, techos con filtraciones y agua cayendo sobre tableros eléctricos no es sólo una postal de abandono, sino una trampa mortal para los trabajadores.
Pero el entramado no se agota en la empresa. Los denunciantes apuntan directamente contra Fabián Hermoso, titular del Sindicato de Explosivos y Químicos de Varela, por firmar paritarias irrisorias —por debajo de la inflación— y ser funcional a la patronal. La paradoja se vuelve grotesca cuando se sabe que Hermoso es piloto de Turismo Carretera y que su auto lleva auspicio… de Baterías Champion. Las alianzas entre dirigentes sindicales empresarizados y compañías que violan derechos laborales consolidan un sistema perverso donde los trabajadores quedan desprotegidos tanto por sus patrones como por quienes deberían defenderlos.
La figura del empresario Antonio Rivero, presidente de la firma y también titular de la Cámara Argentina de Fabricantes de Acumuladores Eléctricos, completa el círculo de poder que sostiene este modelo de explotación. Como firmante de paritarias a nivel nacional, Rivero tiene influencia directa sobre los salarios de todo el sector, y la denuncia sugiere que ha hecho uso de ese poder en beneficio propio y en desmedro de los derechos laborales.
Ante este escenario, la respuesta del Estado se muestra hasta ahora débil. El Ministerio de Trabajo de Quilmes fue notificado, pero los trabajadores exigen inspecciones reales desde la sede central en La Plata. La intervención del ministro Walter Correa será clave para determinar si el Estado está dispuesto a enfrentar a empresas poderosas que operan con impunidad, o si optará por mirar para otro lado mientras los cuerpos de los trabajadores absorben el costo de la desidia.
La denuncia contra Baterías Champion no es un caso aislado. Es un síntoma más de un modelo de ajuste y desregulación donde los derechos laborales se desvanecen entre la contaminación, la persecución y el silencio cómplice. El plomo en sangre de los trabajadores es metáfora y evidencia: aquí no sólo se destruyen convenios, se deteriora la salud, se precariza la vida. Y, por ahora, lo hacen con total impunidad.
