De la seguridad a la cocina: las Fuerzas Armadas asumirán las tareas civiles en la Quinta de Olivos
En Olivos, por ahora, la seguridad presidencial tendrá nuevas responsabilidades. Y entre ellas estarán, aparentemente, algunas bastante alejadas de la defensa nacional: la cocina, la limpieza y el mantenimiento de la residencia.
El Gobierno decidió desplazar al personal civil que trabajaba en la residencia presidencial y transferir progresivamente sus funciones a la Casa Militar. Cocineros, mozos, empleados de limpieza y trabajadores de mantenimiento pasarán a quedar bajo estructura militar.
La explicación oficial habla de reforzar la seguridad; ATE denuncia despidos y cuestiona una reorganización que convierte a las Fuerzas Armadas en responsables de buena parte de la vida cotidiana de Olivos.
La reestructuración de la Quinta de Olivos dispuesta por el gobierno de Javier Milei introduce una escena cuanto menos particular dentro de la administración presidencial: las Fuerzas Armadas no solo tendrán a su cargo las tareas vinculadas con la seguridad de la residencia, sino también funciones que hasta ahora desempeñaban trabajadores civiles, desde preparar la comida y servir la mesa hasta limpiar y mantener los espacios verdes.
El Ejecutivo resolvió disolver la Administración General de la Residencia Presidencial de Olivos y transferir sus funciones a la Casa Militar. El proceso, según informó el Gobierno, se completará en un plazo máximo de 60 días y alcanzará también a las residencias transitorias utilizadas por el Presidente y su familia.
La justificación oficial está vinculada con el refuerzo de la seguridad presidencial. El Gobierno sostiene que la decisión permitirá reorganizar estructuras, reducir personal y facilitar los procedimientos administrativos internos, en un contexto que definió como de “escalada de la inseguridad a nivel global”.
El argumento, sin embargo, abre una pregunta inevitable: si el objetivo central es mejorar la seguridad, ¿por qué la solución incluye que personal militar termine ocupándose también de cocinar, limpiar o cortar el pasto?
Una fuente vinculada al oficialismo resumió el nuevo esquema con una frase que ilustra el alcance de la transformación: “El cocinero es un teniente”. La escena resulta llamativa no tanto por la cocina en sí misma, sino por la extensión de una estructura militar hacia actividades que tradicionalmente estuvieron a cargo de trabajadores civiles.
Despidos, sospechas y versiones que el Gobierno no confirmó
La reorganización también quedó rodeada de versiones sobre las razones que habrían impulsado el desplazamiento del personal civil. Trascendió que al menos doce trabajadores habrían sido señalados por una presunta filtración de información, mientras que otros empleados serían trasladados a la Casa Rosada.
En paralelo circularon versiones sobre una supuesta intoxicación de uno de los perros del Presidente y sobre una eventual filtración relacionada con una compra de carne para el mandatario y funcionarios, cuyo monto habría rondado los 500 millones de pesos.
Pero hasta el momento ninguna de esas hipótesis fue confirmada oficialmente. La explicación formal del Gobierno se concentró en cuestiones de seguridad y reorganización administrativa.
Ese contraste deja uno de los principales interrogantes del episodio: mientras circulan acusaciones y sospechas sobre posibles filtraciones, el comunicado oficial evita explicar en detalle qué ocurrió con los trabajadores desplazados y cuáles fueron, concretamente, las razones individuales para apartarlos.
Una residencia presidencial cada vez más militarizada
La medida supone algo más que un simple cambio de organigrama. El Estado decidió que una institución vinculada esencialmente con la defensa y la seguridad amplíe su intervención sobre tareas cotidianas de funcionamiento de la residencia presidencial.
En términos administrativos, el Gobierno presenta la decisión como una reducción de estructuras y una concentración de responsabilidades. Desde otra perspectiva, implica reemplazar trabajadores civiles por personal militar en actividades que no tienen una relación evidente con la defensa nacional.
La pregunta, entonces, pasa por determinar si se trata efectivamente de una estrategia de seguridad o de una concepción más amplia según la cual la disciplina y la estructura militar deben ocupar espacios tradicionalmente gestionados por trabajadores civiles.
ATE salió al cruce
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) reaccionó de inmediato y declaró el estado de alerta. Su secretario general, Rodolfo Aguiar, cuestionó los despidos y anticipó que el gremio analiza una medida de fuerza.
El dirigente reclamó que se respete la estabilidad del empleo público y sostuvo que no puede utilizarse el poder estatal para dejar a trabajadores sin empleo de manera discrecional.
El sindicato también exigió que se reviertan los despidos y advirtió sobre un posible incremento de la conflictividad dentro de la administración pública.
Así, una decisión presentada por el Gobierno como una reorganización destinada a reforzar la seguridad termina abriendo otro frente de conflicto: trabajadores civiles desplazados, funciones domésticas transferidas a las Fuerzas Armadas y una explicación oficial que no termina de despejar las versiones sobre las causas concretas de los cambios.
