Críticas al Gobierno porteño por uso de empleados públicos en campaña de La Libertad Avanza

La situación, registrada en la Comuna 9, ha desatado una ola de críticas y ha puesto en el centro del debate el uso de recursos públicos con fines partidarios.

Una nueva controversia envuelve al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) de Jorge Macri, luego de que se difundieran videos de empleados municipales pegando carteles de campaña para La Libertad Avanza (LLA).

Las imágenes, captadas y difundidas por la periodista Noelia Barral Grigera, muestran a trabajadores del GCBA con sus uniformes oficiales realizando tareas de militancia política en pleno horario laboral. La denuncia no solo apunta a una falta ética, sino que también subraya la porosidad de la frontera entre el rol de funcionario público y el de militante político. La utilización de personal y, presumiblemente, recursos estatales para favorecer una campaña electoral, representa una manipulación de la función pública para beneficio de un partido, lo cual contraviene los principios de neutralidad que deberían regir la administración del Estado.

Este incidente se enmarca en un contexto de realineamiento político, a raíz del acuerdo electoral entre el PRO y La Libertad Avanza. A pesar de las diferencias públicas entre el jefe de Gobierno, Jorge Macri, y la gestión nacional de Javier Milei, el pragmatismo electoral parece haber prevalecido. El apoyo del PRO a la candidatura de Patricia Bullrich en la lista de diputados nacionales evidencia una estrategia para consolidar un frente electoral y fortalecerse en distritos clave, como la Comuna 9, donde el oficialismo porteño ha enfrentado derrotas recientes.

El uso de empleados municipales en esta tarea no solo es una señal de la alianza, sino que también sugiere una subordinación de la estructura del gobierno local a los fines de la campaña de un partido ajeno a su gestión, por más que ahora compartan una coalición.

La crítica central no es la alianza en sí, sino la instrumentalización de las estructuras del Estado para fines proselitistas. Este tipo de prácticas debilitan la confianza de la ciudadanía en la administración pública, la cual debería servir a todos los ciudadanos por igual, sin importar sus preferencias políticas.