Crisis laboral: proponen subsidiar con el Salario Mínimo a los despedidos de Alal
La iniciativa, impulsada por los diputados Gustavo Canteros, Cecilia Gortari y Emiliano Fernández, plantea que el Estado provincial abone durante tres meses un monto equivalente al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), con pago directo a través del Banco de Corrientes. El objetivo declarado es evitar un deterioro social inmediato mientras los trabajadores atraviesan la transición hacia nuevas oportunidades laborales.
La crisis que atraviesa el sector industrial en el interior de Corrientes volvió a instalarse en el centro del debate político tras la presentación de un proyecto legislativo que busca otorgar un auxilio económico transitorio a los 240 trabajadores despedidos de la hilandería Emilio Alal S.A.C.I.F.I., en Goya.
Sin embargo, el proyecto también abre interrogantes de fondo. Si bien el mecanismo de actualización automática atado al SMVM busca evitar la pérdida de poder adquisitivo —una lección aprendida tras el subsidio fijo otorgado en 2025 a empleados de la forestadora Tapebicuá—, la medida no deja de ser una respuesta coyuntural frente a un problema estructural: la fragilidad del entramado productivo local y la dependencia de pocas empresas como motor de empleo.
Los legisladores sostienen que el impacto fiscal sería marginal dentro del Presupuesto Provincial 2026 y que podría financiarse mediante readecuaciones contempladas en la Ley N° 5.571 de Administración Financiera, sin comprometer el equilibrio de las cuentas públicas. No obstante, en un contexto de restricciones presupuestarias y creciente escrutinio sobre el gasto, la propuesta obliga a debatir prioridades: ¿se trata de una política de contención social excepcional o del inicio de un esquema recurrente de asistencia ante crisis empresariales?
El cierre o la reducción de personal en Alal no sólo afecta a 240 familias; también expone el efecto dominó que provoca la caída de uno de los principales empleadores privados de Goya. Comercios, servicios y proveedores locales quedan igualmente alcanzados por la retracción económica, lo que amplifica el impacto más allá de los despedidos.
En este escenario, la urgencia social contrasta con la lentitud habitual de los tiempos legislativos. Los impulsores del proyecto reclaman un tratamiento rápido, argumentando que los trabajadores no pueden esperar mientras sus ingresos desaparecen. Pero el desafío excede la inmediatez: la crisis de Alal vuelve a poner en evidencia la necesidad de políticas industriales sostenidas que prevengan, y no sólo remedien, los efectos de la desindustrialización en el interior provincial.
