Congreso: el debate por la reforma de la AGN y la ampliación de la Corte revela disputas de poder en un año electoral

En un escenario político cada vez más fragmentado, el Congreso retoma esta semana dos debates clave para el control institucional del país: la reforma de la Auditoría General de la Nación (AGN) y la ampliación de la Corte Suprema de Justicia.

La discusión, que se desarrolla en simultáneo entre Diputados y el Senado, pone sobre la mesa algo más profundo que simples reformas administrativas: la redefinición del equilibrio entre poderes y el control de los organismos que deben velar por la transparencia del Estado.

El primer foco de conflicto es la AGN, el organismo encargado de auditar las cuentas públicas y controlar el uso de los fondos del Estado. Desde marzo del año pasado, seis de sus siete auditores tienen el mandato vencido. En un país que transita una crisis económica y donde el relato oficial gira en torno a la “austeridad” y la “eficiencia del gasto”, el hecho de que el Congreso no haya podido designar a sus reemplazantes es, como mínimo, alarmante.

Detrás de esta parálisis se oculta una pulseada de poder. Unión por la Patria (UxP) y Encuentro Federal (EF) presionan para avanzar en los nombramientos, incluyendo al peronista Juan Forlón y al exdiputado Emilio Monzó. Pero el oficialismo, encabezado por Martín Menem, se resiste. Su objetivo es aprobar primero una reforma profunda del funcionamiento de la AGN, que incluye reducir la duración de los mandatos de los auditores de 8 a 4 años, limitar sus reelecciones y equiparar sus sueldos con los de los diputados.

El trasfondo de la disputa es claro: el oficialismo busca desarmar una estructura de control históricamente dominada por la oposición, y atar su funcionamiento a nuevas reglas del juego más acordes a su lógica de poder.

Reforma en disputa: poder político vs. control institucional

La multiplicidad de proyectos presentados por diferentes bloques refleja no solo la fragmentación parlamentaria, sino la falta de un consenso mínimo sobre qué tipo de auditoría necesita el país. Desde el PRO hasta UxP, pasando por DPS y LLA, todos tienen propuestas distintas: cambios en la duración de los mandatos, en la forma de designación, en la distribución por cámaras y hasta en la representación por género.

Una de las propuestas más ambiciosas es la de UxP, que plantea extender las competencias de la AGN a entidades privadas con fondos públicos, lo que implicaría un control mucho más amplio del que hoy ejerce el organismo. En un contexto donde las transferencias estatales a fundaciones, universidades y ONGs están bajo la lupa, esta iniciativa no es menor.

La fragmentación de proyectos también revela un síntoma preocupante: en lugar de construir una política de Estado en torno a la transparencia y el control, la mayoría de los bloques intenta preservar o aumentar su cuota de poder en la AGN.

El Senado y la Corte: otra batalla, mismo fondo

Mientras tanto, el Senado comenzó a debatir otra reforma de alto voltaje: la ampliación de la Corte Suprema de Justicia. Aquí también abundan las diferencias. Desde el proyecto moderado del senador Juan Carlos Romero, que propone pasar de cinco a siete miembros, hasta el del kirchnerismo duro, que busca elevar el número a nueve o incluso quince.

En ambos casos, la paridad de género aparece como un argumento transversal para justificar las ampliaciones, pero el verdadero motivo subyacente es político: redefinir el perfil de un tribunal que ha sido, en la última década, un campo de batalla entre oficialismos y oposiciones.

La bancada de La Libertad Avanza (LLA) aún no ha fijado una posición clara, pero su presencia en la discusión marca la posibilidad de que el presidente Javier Milei intente influir —de manera directa o indirecta— en la configuración de la Corte.

¿Reformas institucionales o reacomodamientos partidarios?

Ambos debates, el de la AGN y el de la Corte, muestran una constante: la instrumentalización de organismos clave del sistema republicano para resolver disputas de poder partidario. Más que discusiones sobre transparencia, eficiencia o representación, lo que se libra en el Congreso es una competencia entre fuerzas políticas por asegurarse cuotas de control institucional en un año electoral decisivo.

Mientras tanto, la sociedad asiste a estas discusiones con desconfianza y apatía, en un contexto de creciente malestar económico, deterioro del ingreso y pérdida de legitimidad de las instituciones.

La reforma de la AGN y la ampliación de la Corte podrían haber sido una oportunidad para fortalecer el control democrático y el equilibrio de poderes. Pero hasta ahora, el Congreso parece más preocupado por repartir espacios de poder que por garantizar la calidad institucional. Si no se logra construir un consenso amplio y despojado de intereses partidarios, estas reformas no serán más que parches al servicio de una lógica de poder que sigue mirando hacia adentro, mientras el país se desmorona hacia afuera.