Conflicto por el control de alcoholemia a diplomáticos rusos: denuncias y tensiones internacionales

En las últimas horas, varias denuncias fueron presentadas ante los tribunales, con implicaciones tanto a nivel local como internacional.

La Justicia federal comenzó a investigar el incidente ocurrido el 25 de diciembre en el barrio porteño de Recoleta, cuando agentes de tránsito de la Ciudad de Buenos Aires intentaron realizar un control de alcoholemia a dos diplomáticos rusos, lo que desató un conflicto diplomático que rápidamente escaló en denuncias y reclamos legales.

El hecho se produjo por la mañana del 25 de diciembre, cuando los diplomáticos rusos Sergei Baldin y Cardmath Salomatin, que se encontraban a bordo de un vehículo con chapa patente diplomática, fueron detenidos por la policía de tránsito para realizar un control de alcoholemia de rutina. Sin embargo, ambos se negaron a someterse al test, lo que derivó en su demora y en una escalada de tensiones.

La Embajada de Rusia en Buenos Aires calificó lo sucedido como «una grave violación del derecho internacional» y condenó el intento de realizar el control de alcoholemia, argumentando que los diplomáticos se encuentran amparados por la inmunidad diplomática, un principio fundamental consagrado en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961. La Convención establece que los diplomáticos no están sujetos a ciertas jurisdicciones locales, lo que generó el foco de la controversia.

A raíz de este incidente, la diputada de La Libertad Avanza, Marcela Pagano, presentó una denuncia ante la Justicia federal, solicitando una investigación exhaustiva sobre el operativo. En su escrito, Pagano planteó la necesidad de esclarecer si la actuación de los agentes de tránsito fue legítima o si, por el contrario, se trató de un intento deliberado de generar un conflicto diplomático entre Argentina y Rusia. Pagano subrayó que la inmunidad diplomática es una prerrogativa reconocida por la Convención de Viena y advirtió que la insistencia de los agentes y la falta de directrices claras de las autoridades porteñas podría constituir una “flagrante violación a estas normas”.

Simultáneamente, el abogado y ex juez en lo Penal Económico, Guillermo Tiscornia, presentó otra denuncia, solicitando que la Corte Suprema de Justicia intervenga de manera originaria en este conflicto debido a la naturaleza diplomática del caso. Tiscornia afirmó que las posibles irregularidades en la actuación de los agentes de tránsito podrían constituir delitos como abuso de autoridad y violación de los deberes funcionales previstos en el Código Penal, en particular los artículos 248 a 253.

Otra denuncia fue presentada por el abogado Javier Baños, quien apuntó a los delitos de abuso de autoridad, privación ilegal de libertad coactiva agravada y omisión de cumplir con los deberes de funcionario público, al considerar que la detención de los diplomáticos violó tratados internacionales ratificados por Argentina. Baños también destacó la “probable comisión de una actividad delictiva contra la Constitución Nacional” en la medida en que los funcionarios actuaron en contraposición a las disposiciones de la Convención Internacional de Viena.

El Gobierno porteño también se hizo eco de la controversia. El ministro de Infraestructura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Pablo Bereciartua, expresó a través de su cuenta en la red social X que “todos los ciudadanos, incluidos los diplomáticos, están obligados a cumplir las normas y leyes de tránsito” y subrayó que la inmunidad diplomática debe ser respetada, pero que también el artículo N° 41 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas establece que el cuerpo diplomático está sujeto a las leyes de tránsito del país receptor, aunque con ciertas limitaciones. Bereciartua insistió en que, en este caso, se respetó la inmunidad diplomática de los rusos.

Sin embargo, varios abogados especializados en derecho internacional señalaron que, aunque la inmunidad diplomática es un principio clave, no es absoluta. Según los expertos, este principio no exime a los diplomáticos de cumplir con las leyes locales en todas las situaciones, especialmente en casos que no estén relacionados directamente con su misión diplomática.

Este incidente, que comenzó como un control de rutina, ha puesto de manifiesto la complejidad de las relaciones internacionales y la interpretación de los tratados internacionales en situaciones cotidianas. Mientras las denuncias continúan su curso en la Justicia, se espera que el conflicto genere un importante precedente en la aplicación de las normas sobre inmunidad diplomática en Argentina y su compatibilidad con las leyes locales.