Cierre de Fate: el sindicato apunta al Gobierno y denuncia una salida empresaria sin negociación
La decisión, comunicada a través de un cartel en la puerta de la fábrica y sin instancias previas de negociación pública, encendió un conflicto que trasciende lo estrictamente laboral.
El cierre intempestivo de la planta de Fate en Virreyes, partido de San Fernando, no solo dejó a 920 trabajadores sin empleo: expuso la fractura entre política económica, estrategia empresaria y representación sindical.
Miguel Ricciardulli, referente del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), calificó el cierre como “un acto desleal y antisindical” y sostuvo que incluso el personal jerárquico desconocía la determinación.
Según su testimonio, los empleados que regresaban de vacaciones se encontraron con las instalaciones cerradas y la promesa de indemnizaciones “en los plazos legales”. La modalidad elegida —sin anuncio previo ni proceso de crisis formalizado— es uno de los ejes centrales de la crítica sindical.
El gremio atribuye el colapso productivo a la apertura importadora. De acuerdo con Ricciardulli, la fabricación mensual habría caído de 350.000 a 150.000 neumáticos en pocos meses, en un contexto de ingreso masivo de cubiertas importadas, principalmente de origen chino. La acusación es directa: “Si hay responsables, es el Gobierno, que abrió indiscriminadamente las importaciones”.
Sin embargo, el conflicto también interpela a la conducción empresaria. Los accionistas, encabezados por Javier Madanes Quintanilla, optaron por el cierre definitivo en lugar de explorar un concurso preventivo o un esquema de reconversión productiva. La decisión plantea interrogantes sobre el margen real de maniobra que se intentó desplegar antes de clausurar una planta con casi ocho décadas de trayectoria.
La tensión escaló con la permanencia de un grupo de trabajadores dentro del establecimiento y la detención del secretario general del SUTNA, Alejandro Crespo, en medio de un operativo policial. La escena —infantería en la fábrica y dirigentes sindicales arrestados— suma un componente político a un conflicto que ya era industrial y social.
Más allá de las responsabilidades cruzadas, el caso revela un dilema estructural: ¿qué lugar ocupa la industria nacional en un esquema de apertura acelerada y retracción del consumo? El sindicato denuncia competencia desleal y falta de controles; la empresa alude a condiciones de mercado inviables. Entre ambas posiciones quedan 920 trabajadores y una capacidad productiva que, de no mediar un giro, se perderá definitivamente.
