Causa Cuadernos: Angelo Calcaterra al borde del juicio oral

La Cámara Federal de Casación Penal dejó sin efecto este miércoles el último intento del empresario Angelo Calcaterra —primo del ex presidente Mauricio Macri— para evitar el juicio oral en el marco de la causa conocida como “los Cuadernos de las Coimas”.

Con esta resolución, el empresario y otros hombres fuertes del sector de la obra pública quedaron formalmente en la antesala del juicio por presunto pago sistemático de sobornos durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

El fallo, dictado por los jueces Gustavo Hornos, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, marca un revés contundente para la estrategia desplegada por los imputados: desviar la causa al fuero electoral bajo el argumento de que no se trató de coimas, sino de aportes informales de campaña. La teoría, sostenida por Calcaterra y replicada por otros empresarios, fue rechazada de plano por el tribunal, que consideró que los recursos no cumplían los requisitos para una revisión extraordinaria ante la Corte Suprema.

La jugada defensiva resulta reveladora no solo por su contenido, sino por su contexto: Calcaterra había declarado como imputado colaborador y admitido pagos en efectivo a funcionarios públicos, en sintonía con las anotaciones del ex chofer Oscar Centeno, que dieron origen al expediente. El intento de reencuadrar esa confesión en un marco de “financiamiento político no registrado” parece, a esta altura, más un salvavidas judicial que una línea de defensa coherente.

Detrás de la estrategia, asoma un problema estructural del empresariado argentino: la naturalización del vínculo opaco entre negocios y política. Lo que se está discutiendo no es simplemente si hubo aportes de campaña, sino si existió —como indica el expediente— un circuito paralelo de recaudación sostenido por empresas contratistas del Estado a cambio de contratos millonarios. La figura de Calcaterra, como ex titular de IECSA y pariente directo de Macri, condensa el cruce entre poder económico y político que define buena parte de la historia reciente.

El tribunal también rechazó los recursos de Héctor Sánchez Caballero (IECSA), Armando Loson (Grupo Albanesi), Jorge Balán (Electroingeniería) y Hugo Dragonetti (Panedile), entre otros. Todos ellos están citados a juicio a partir del 6 de noviembre, cuando se pondrá en marcha el debate oral en el Tribunal Oral Federal N.º 7.

La resolución ratifica una señal que la Justicia federal ya venía enviando: el intento de cerrar el caso como una cuestión de financiamiento irregular de campañas no prosperará sin evidencias contundentes. Y, por ahora, los indicios recolectados —desde los cuadernos de Centeno hasta las confesiones de empresarios— apuntan a una red de corrupción estructural, más cercana al soborno sistemático que a la informalidad electoral.

Queda aún la posibilidad de que los imputados presenten un recurso de queja ante la Corte Suprema, pero el camino judicial empieza a estrecharse. Lo que comenzó como una causa controvertida, con dudas sobre su origen y legalidad, está cada vez más cerca de convertirse en un juicio emblemático sobre los vínculos entre política, negocios y corrupción en la Argentina. La pregunta que se abre ahora es si el proceso judicial logrará ir más allá de las responsabilidades individuales para interpelar al sistema que las hizo posibles.