Causa Andis: procesaron a Diego Spagnuolo como presunto jefe de una red de corrupción estatal
El procesamiento de Spagnuolo refuerza la hipótesis de que el organismo fue utilizado como plataforma de negocios ilegales, lo que plantea no solo responsabilidades penales individuales, sino también un severo cuestionamiento al control y la transparencia en áreas sensibles del Estado, donde la corrupción adquiere una dimensión social especialmente grave.
La Justicia federal avanzó en la investigación sobre presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y procesó a su ex director, Diego Spagnuolo, por los delitos de cohecho, fraude al Estado, negociaciones incompatibles y asociación ilícita.
Según el fallo, Spagnuolo habría ocupado un rol central en un entramado destinado a desviar fondos públicos a través de licitaciones direccionadas a determinadas droguerías.
La resolución fue firmada por el juez Sebastián Casanello, con intervención del fiscal Franco Picardi, y alcanza a otras 18 personas. Entre los principales imputados figuran Daniel Garbellini, ex segundo de Spagnuolo en la Andis, y los empresarios Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian, vinculados al sector de droguerías, señalados como parte del núcleo directivo de la organización.
La causa se originó a partir de audios que expusieron presuntos acuerdos ilegales entre funcionarios y proveedores, y derivó en una investigación que reveló un patrón sistemático de licitaciones amañadas y sobreprecios. Para la fiscalía, estos mecanismos no fueron hechos aislados, sino parte de una estructura estable orientada al beneficio privado mediante el uso del aparato estatal.
En su fallo, Casanello fue contundente al describir el impacto institucional de las maniobras investigadas: sostuvo que la Andis “fue cooptada y empleada como vía de enriquecimiento para los miembros de la organización”, desviando recursos que debían estar destinados a garantizar derechos y prestaciones básicas a personas en situación de discapacidad.
