Casi el 20% de los jubilados argentinos trabaja para subsistir en medio de la crisis económica
El vaciamiento de haberes, la quita de beneficios del Pami y las amenazas de reforma previsional empujan a los adultos mayores a la precarización laboral y la pobreza, que alcanza al 73% de la población.
La profundización de la crisis económica generada por las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei ha provocado un quiebre alarmante en las condiciones de vida de los adultos mayores: casi el 20% de la población de entre 60 y 74 años se ve obligada a prolongar su actividad laboral para poder subsistir.
Según datos del Indec, el 17,1% de este grupo debe mantenerse activo, una cifra que refleja la ausencia de condiciones económicas dignas a pesar de contar con el derecho adquirido de la jubilación.
El fenómeno del adulto mayor ocupado, que en una porción muy reducida se da por satisfacción personal, es impulsado mayormente por la insuficiencia de ingresos. Los 4,5 millones de jubilados que en septiembre cobraron el haber mínimo, incluso con bono, apenas cubrieron la tercera parte de la canasta básica de la Defensoría de la Tercera Edad, que ascendió a $1.514.074. Para quienes perciben la Pensión Universal para Adultos Mayores (PUAM) o pensiones no contributivas, la situación es aún más crítica.
El doble golpe: pobreza y quita de derechos
La precariedad económica se vio agravada por medidas directas del Gobierno de Milei, como la quita de la cobertura del 100% de medicamentos del Pami y las restricciones para acceder a los beneficios restantes. Los costos de subsistencia son implacables: la canasta específica para un jubilado contempla $402.880 solo en medicamentos y $348.000 en alimentación.
La crisis ha disparado los índices sociales: un informe de la ONG HelpAge International reveló que el 73% de los adultos mayores se encuentra bajo la línea de pobreza. A pesar de las dolencias y el desgaste físico, la falta de margen económico obliga a estos ciudadanos a ingresar en el mercado laboral, muchas veces en la informalidad y sin cobertura social, siendo un blanco fácil de la precarización laboral que a nivel general llegó al 43,2% en el segundo trimestre.
Ajuste y amenazas de reforma previsional
Detrás de este panorama de subsistencia forzada subyace un sistema previsional en crisis y la sombra de reformas estructurales. El 47% de los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) cobra haberes mínimos o inferiores. A esto se suma la brecha de género, donde las mujeres perciben, en promedio, un 27% menos que los varones.
En este contexto, en el nuevo Congreso se analizan proyectos de ley que proponen elevar la edad jubilatoria a 70 años para 2030 y reestructurar los pilares del sistema con una Prestación Básica Universal (PBU). Mientras tanto, el gobierno sostiene reformas más amplias que buscan estimular la inversión a través del RIGI a costa de sacrificar los frentes impositivo, laboral y previsional, dejando a los jubilados en una vulnerabilidad económica que los condena a trabajar o caer en la pobreza extrema.
