Avanza la reforma societaria que habilita a empresas con IA y menos controles estatales
El Gobierno nacional envió al Senado un proyecto de reforma del régimen societario que propone una transformación profunda en la manera en que se crean, administran y regulan las empresas en Argentina.
La iniciativa, impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, busca ampliar la autonomía de los privados, reducir la intervención estatal y adaptar el marco legal a las nuevas tecnologías, incluyendo estructuras empresariales operadas mediante inteligencia artificial y sistemas basados en blockchain.
El proyecto se inscribe dentro de la estrategia oficial de desregulación económica y parte de una premisa central: limitar el rol del Estado en la organización interna de las sociedades. Bajo este esquema, los estatutos elaborados por los socios adquirirían un peso predominante, mientras que muchas de las disposiciones legales pasarían a tener un carácter complementario y no obligatorio.
Entre los aspectos más innovadores aparece la creación de la denominada “Sociedad Automatizada”, una figura jurídica que podría funcionar mediante algoritmos o herramientas de inteligencia artificial sin necesidad de una estructura tradicional de empleados para sus operaciones cotidianas. A ello se suman las Organizaciones Autónomas Descentralizadas (DAO), modelos empresariales que operan a través de contratos inteligentes, registros en blockchain y sistemas de participación representados mediante tokens digitales.
Para el oficialismo, estas herramientas permitirían modernizar el ecosistema empresarial argentino y acercarlo a las tendencias que ya se desarrollan en mercados internacionales. Sin embargo, la propuesta también abre interrogantes sobre los mecanismos de control, la asignación de responsabilidades legales y la capacidad del Estado para supervisar estructuras cada vez más automatizadas y descentralizadas.
Otro de los cambios relevantes es la flexibilización del objeto social. El proyecto elimina la obligación de que las actividades de una empresa mantengan relación entre sí y, en algunos casos, incluso habilita que una sociedad pueda desarrollar cualquier actividad lícita aunque no la haya especificado de manera detallada en su estatuto. Desde la visión oficial, esto permitiría mayor adaptación a escenarios económicos cambiantes; para sus críticos, podría dificultar la fiscalización y aumentar las zonas grises en materia regulatoria.
La iniciativa también propone que las sociedades puedan resolver conflictos internos bajo normas de derecho extranjero o estándares del derecho mercantil internacional, además de incorporar cláusulas arbitrales para evitar la vía judicial ordinaria. Este punto podría agilizar la resolución de controversias empresariales, aunque también plantea debates sobre la jurisdicción aplicable y el acceso a la justicia en determinadas disputas.
La digitalización integral constituye otro eje central de la reforma. Se habilita la utilización de domicilios electrónicos, registros digitales, asambleas virtuales, firmas electrónicas y legajos empresariales completamente digitalizados. El objetivo declarado es reducir costos administrativos y eliminar trámites considerados obsoletos.
Más allá de sus aspectos técnicos, el proyecto refleja una visión de Estado con menor capacidad de intervención y un mayor margen de autorregulación para el sector privado. Mientras el Gobierno sostiene que la reforma apunta a fomentar inversiones, innovación y competitividad, sus detractores advierten que la reducción de controles podría generar desafíos en materia de transparencia, fiscalización y protección de terceros vinculados a las sociedades.
El debate en el Senado pondrá en discusión no solo una actualización normativa, sino también el alcance que debe tener el Estado frente a nuevas formas de organización empresarial impulsadas por la tecnología y la economía digital.
