ATE denunció que el Gobierno acomoda militantes libertarios con sueldos privilegiados
La denuncia de ATE trasciende lo gremial y coloca al Gobierno frente a un dilema central: si la “casta” eran los otros o si, en los hechos, la nueva gestión está replicando las mismas lógicas de privilegio que juró desterrar.
La denuncia de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), encabezada por Rodolfo Aguiar, reabre un debate sensible sobre la gestión de Javier Milei: el uso discrecional del aparato estatal para premiar a militantes oficialistas con salarios extraordinarios, mientras la mayoría de los empleados públicos afronta un deterioro salarial histórico.
Según el gremio, el Gobierno “blanqueó” la incorporación de cuadros libertarios con remuneraciones muy por encima del promedio, en un esquema que no respeta escalas, antigüedad ni negociación colectiva.
La medida, firmada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, contradice abiertamente la retórica libertaria de “achicar la casta” y “terminar con los privilegios”. ATE advierte que, lejos de transparentar los ingresos como se prometió, se elude la vía de los concursos públicos y se genera una discrecionalidad en la asignación de cargos y salarios que reproduce las mismas prácticas de la “vieja política” que Milei decía combatir.
El cuestionamiento no se limita al plano gremial: pone en evidencia la contradicción entre el ajuste feroz sobre la administración pública —con despidos, congelamiento de paritarias y recortes de programas— y la apertura de un canal de acceso privilegiado para quienes provienen de las filas libertarias. En términos políticos, el Gobierno arriesga erosionar su propio discurso de legitimidad frente a una ciudadanía que lo votó con la promesa de barrer con los privilegios estatales.
El señalamiento de Aguiar también tiene un trasfondo simbólico. La referencia al vocero presidencial Manuel Adorni —que en sus conferencias ridiculizó al empleo público acusándolo de estar plagado de “ñoquis”— deja expuesta una doble vara: mientras se estigmatiza a trabajadores de base, se construyen espacios de poder para militantes afines.
El problema de fondo es que la administración pública, ya golpeada por la precarización y el congelamiento salarial, puede convertirse en un terreno aún más desigual y fragmentado. La incorporación de militantes con sueldos por encima del escalafón no solo hiere principios de equidad laboral, sino que también mina la capacidad del Estado para funcionar como un espacio profesional regido por criterios objetivos y no por afinidad política.
