Deudas de tarjetas de crédito: lo que la ley permite reclamar y cómo los bancos estiran los plazos para cobrar

En un país donde la tarjeta de crédito se ha convertido en el único recurso de subsistencia para millones de familias, la discusión sobre los plazos de prescripción debería ir acompañada de un cuestionamiento más profundo: el modelo de financiamiento que condena a los sectores medios y bajos a la usura permanente.

El endeudamiento con tarjetas de crédito se ha convertido en un fenómeno cada vez más extendido en la Argentina, donde la inflación y las altas tasas de interés dejan a miles de usuarios atrapados en un círculo de pagos mínimos y montos impagables.

En este contexto, la Ley 25.065 establece con claridad los plazos en los que los bancos pueden reclamar judicialmente una deuda: un año para iniciar un juicio ejecutivo y hasta tres años para la vía ordinaria. Pasado ese tiempo, la deuda prescribe.

Sin embargo, lo que en principio aparece como un límite legal a favor del consumidor, en la práctica se convierte en una herramienta de presión para las entidades financieras, que recurren a estrategias para interrumpir los plazos de prescripción. Una simple carta documento o el pago parcial de una cuota bastan para reiniciar el conteo, prolongando indefinidamente la posibilidad de reclamo. Así, lo que debería ser un marco de protección frente al abuso de los bancos termina siendo un mecanismo que perpetúa la dependencia del deudor.

El problema no radica solo en la normativa, sino en la asimetría entre las partes: mientras los bancos cuentan con departamentos jurídicos especializados y sistemas automatizados para ejecutar reclamos, los consumidores rara vez acceden a información clara sobre sus derechos. La mayoría desconoce que, transcurridos los plazos, el banco pierde la facultad de accionar judicialmente, aunque la deuda como obligación moral permanezca.

La situación desnuda una contradicción estructural: el Estado fija límites legales, pero no garantiza que los usuarios puedan hacerlos valer frente a la presión de las entidades. En la práctica, los bancos continúan reportando las deudas a centrales de riesgo como Veraz, condicionando la vida financiera del deudor mucho más allá del plazo legal.

El debate sobre la prescripción de las deudas no es técnico, sino político. ¿Se protege realmente al consumidor o se le ofrece un alivio ilusorio mientras se refuerzan los mecanismos de disciplinamiento financiero?