ARA San Juan: la Fiscalía sostiene que la tragedia pudo evitarse y pidió 5 años de prisión para exjefes navales
El submarino desapareció el 15 de noviembre de 2017 mientras realizaba la travesía entre Ushuaia y Mar del Plata. Sus restos fueron localizados un año después, a casi 900 metros de profundidad en el Atlántico Sur, cerrando la búsqueda pero no los interrogantes sobre las responsabilidades detrás de una de las mayores tragedias navales del país.
El juicio por el hundimiento del ARA San Juan ingresó en su etapa decisiva con un duro alegato del Ministerio Público Fiscal, que solicitó penas de hasta cinco años de prisión para cuatro exjefes de la Armada y sostuvo que la tragedia que terminó con la vida de 44 tripulantes no fue un hecho imprevisible, sino la consecuencia de una serie de decisiones adoptadas pese a las advertencias sobre el estado del submarino.
Ante el Tribunal Oral Federal de Río Gallegos, los fiscales argumentaron que los acusados conocían las limitaciones operativas y los problemas técnicos que arrastraba la nave, pero aun así autorizaron su continuidad en servicio. La acusación se apoyó en la idea de que el desenlace fatal podía anticiparse debido a las condiciones en las que operaba el ARA San Juan y a la falta de medidas preventivas para reducir los riesgos.
Desde una perspectiva analítica, el planteo de la Fiscalía trasciende la discusión sobre responsabilidades individuales y pone el foco en el funcionamiento de la estructura de mando de la Armada. Según los representantes del Ministerio Público, existió una cadena de omisiones vinculadas al mantenimiento, la supervisión y el control de seguridad que permitió que el submarino continuara navegando a pesar de las señales de alerta acumuladas durante años.
Las penas más severas fueron solicitadas para el contralmirante retirado Luis Enrique López Mazzeo y el excomandante de la Fuerza de Submarinos Claudio Villamide, a quienes la acusación considera actores centrales en la toma de decisiones que posibilitaron la continuidad operativa de la embarcación. También se requirieron cuatro años de prisión para Héctor Aníbal Alonso y tres años para Hugo Miguel Correa.
Uno de los puntos más sensibles expuestos durante los alegatos fue la postergación de una inspección de seguridad que debía realizarse antes de la última misión. Para la Fiscalía, la decisión de priorizar operaciones por encima de los controles técnicos constituye un elemento clave para comprender cómo se construyó un escenario de riesgo que terminó en la tragedia.
El caso del ARA San Juan se ha convertido en uno de los episodios más graves de la historia reciente de las Fuerzas Armadas argentinas y mantiene abierto un debate sobre los mecanismos de control, la asignación de recursos para el mantenimiento de material militar y las responsabilidades institucionales en situaciones de alto riesgo.
Mientras las querellas y las defensas preparan sus alegatos finales, el proceso judicial busca determinar si las fallas detectadas constituyeron simples errores de gestión o si, como sostiene la Fiscalía, existió una conducta imprudente que hizo previsible un desenlace que pudo haberse evitado.
