Alimentos retenidos: ahora Capital Humano apeló en Casación
El Ministerio de Capital Humano presentó un recurso de apelación ante la Cámara de Casación contra la resolución de la Cámara Federal que ordenó la presentación de un plan de distribución de alimentos almacenados en depósitos, según lo requerido por el juez Sebastián Casanello.
La cartera, liderada por Sandra Pettovello, argumenta que las decisiones relacionadas con la distribución de alimentos son de índole política y no deben ser intervenidas judicialmente. Además, anticipa que en caso de un fallo adverso, recurrirá a la Corte Suprema.
Previo a esta apelación, el Ministerio había informado judicialmente que convocó a todos los ministerios de Desarrollo Social provinciales para participar en la distribución de alimentos destinados a escuelas vulnerables, que se encuentran almacenados en sus depósitos. Según el comunicado oficial, las provincias que decidan adherirse serán responsables del retiro de los alimentos bajo los términos de un Convenio de Colaboración.
En respuesta a la exigencia judicial de presentar un cronograma detallado de distribución, el Ministerio señaló que trabajará exclusivamente con aquellas provincias que confirmen su disposición de recibir los alimentos, comprometiéndose a informar al Tribunal conforme se concrete la entrega.
Además, Pettovello informó al juez que se verificó la existencia de 465 toneladas de leche en polvo y otras provisiones en los depósitos, y se coordinó su distribución inmediata en colaboración con la Fundación CONIN y el Ministerio de Defensa. En cuanto a la harina de maíz, se decidió su distribución hacia el municipio de Capitán Sarmiento, en lugar de las localidades de San Isidro y Hurlingham, por razones logísticas y de necesidades específicas, según detalla el documento presentado.
El Ministerio de Capital Humano enfrenta críticas y desafíos desde la asunción de Sandra Pettovello, destacándose especialmente en el manejo y distribución de recursos destinados a la asistencia social y emergencias.
Este recurso de apelación busca clarificar las competencias del Ministerio en la gestión de políticas alimentarias y establecer un marco legal claro en la distribución de recursos críticos para comunidades vulnerables.
