ARA San Juan: un fallo que reabre el debate sobre la impunidad en la cadena de mando
El veredicto del Tribunal Oral Federal de Santa Cruz sobre el hundimiento del ARA San Juan volvió a instalar una pregunta que atraviesa casi nueve años de reclamos de los familiares de las víctimas: ¿hasta dónde llega la responsabilidad penal de quienes conducían la Armada Argentina?
La sentencia absolvió por unanimidad a los exjefes navales Luis López Mazzeo, Héctor Alonso y Hugo Correa, al considerar que la Fiscalía no logró demostrar una relación causal directa entre sus decisiones y el naufragio ocurrido en noviembre de 2017. Según consignó la periodista Vanesa Petrillo (m1), el único condenado fue el excapitán de navío Claudio Villamide, quien recibió una pena de tres años de prisión de ejecución condicional, por lo que no cumplirá condena efectiva.
Más allá del aspecto estrictamente jurídico, el fallo genera fuertes interrogantes sobre la capacidad del sistema judicial para establecer responsabilidades en una de las mayores tragedias de la historia reciente de las Fuerzas Armadas. La muerte de los 44 tripulantes termina, al menos en esta instancia, con una única condena sin prisión efectiva y con la absolución de quienes integraban la cúpula de la cadena de mando.
La decisión también contrasta con el recorrido previo de la causa. Las querellas recordaron que los mismos elementos probatorios habían servido para dictar los procesamientos en 2020, confirmados posteriormente por la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, e incluso motivaron sanciones dentro del propio ámbito militar. Esa diferencia entre las etapas de instrucción y el juicio oral alimenta el debate sobre los criterios utilizados para evaluar las responsabilidades.
En la antesala del veredicto, los representantes de las familias denunciaron una presunta campaña de presión mediática y política destinada a instalar la idea de que nunca podría conocerse con certeza qué ocurrió con el submarino y, por lo tanto, que no correspondían condenas. Según las querellantes, esa estrategia buscó debilitar la responsabilidad de los altos mandos y favorecer una interpretación absolutoria.
Durante el proceso, las abogadas también cuestionaron la evolución de las defensas de los imputados, señalando que, con el paso de los años, las explicaciones sobre el hundimiento fueron modificándose sin asumir responsabilidades concretas por las decisiones adoptadas antes de la misión del submarino.
Para los familiares, el juicio nunca tuvo como objetivo juzgar a la Armada Argentina como institución, sino establecer las responsabilidades individuales de quienes, desde la conducción, autorizaron y supervisaron las condiciones operativas en las que navegó el ARA San Juan.
El fallo, que seguramente será objeto de apelaciones, deja una sensación de fuerte contraste entre la magnitud de la tragedia y el alcance de las responsabilidades penales finalmente reconocidas por la Justicia. Mientras las familias sostienen que las decisiones y omisiones de la cadena de mando fueron determinantes en la muerte de los 44 marinos, el Tribunal concluyó que solo uno de los acusados incurrió en responsabilidad penal y que esa conducta no amerita una pena de cumplimiento efectivo.
Así, la sentencia no solo cierra una etapa judicial, sino que también profundiza el debate público sobre la rendición de cuentas, la responsabilidad de los altos mandos militares y la respuesta del Estado frente a una tragedia que continúa siendo una herida abierta para la sociedad argentina.
