Pagos por casi $1.000 millones bajo la lupa: la investigación que reveló una trama irregular en la Armada
Lo que comenzó con la detección de cinco suplementos pagados de manera irregular terminó dejando al descubierto un circuito mucho más amplio: 645 acreditaciones, 23 beneficiarios, casi $1.000 millones involucrados y registros que, según la denuncia, fueron alterados en distintas etapas del proceso de pago. La dimensión del expediente será ahora puesta bajo análisis judicial.
Una denuncia presentada por la Armada Argentina ante la Justicia Federal puso al descubierto un esquema de acreditaciones indebidas que habría funcionado durante más de tres años, consigkó la periodista Vanesa Petrillo. La investigación interna detectó 645 pagos irregulares a 23 personas por un monto histórico de $981.148.567,88, con operaciones que, según la documentación reunida, habrían sido incorporadas manualmente a los archivos enviados al Banco Nación.
El caso comenzó a tomar forma en febrero de 2026, cuando una revisión de los haberes correspondientes a enero permitió detectar que cinco integrantes del Departamento Revista habían percibido suplementos que no les correspondían.
En un primer momento, la propia fuerza no pudo establecer si se trataba de errores administrativos o de una acción deliberada. Los involucrados restituyeron las sumas y el episodio derivó en una revisión más amplia de los períodos anteriores.
Ese control terminó revelando inconsistencias que se remontaban a julio de 2022 y llegaban hasta enero de 2026. La comparación entre las liquidaciones oficiales, los recibos de haberes y los archivos utilizados para ordenar las acreditaciones bancarias permitió identificar diferencias que, de acuerdo con la denuncia, no respondían a un problema generalizado del sistema.
Registros que cambiaban después de la liquidación
La investigación interna detectó que determinados importes aparecían incorporados en los archivos destinados al Banco Nación, aunque no figuraban en las liquidaciones originales ni en los recibos correspondientes.
También fueron encontrados pagos duplicados y acreditaciones dirigidas a personas que inicialmente no podían ser vinculadas con la estructura de la Armada.
Uno de los aspectos que más peso adquirió en la reconstrucción fue la existencia de modificaciones posteriores sobre los archivos generados por el Sistema de Haberes. Según la denuncia, esos cambios permitían incorporar montos adicionales antes de que la información fuera transmitida al banco.
Posteriormente, los registros podían ser restituidos a sus valores originales, por lo que las alteraciones no necesariamente quedaban reflejadas en los recibos publicados para el personal.
La Armada conformó una comisión con especialistas en administración, contabilidad, liquidación de haberes, informática y análisis de datos. Los equipos utilizados para confeccionar y transmitir los archivos fueron puestos bajo resguardo y se realizaron copias de la información para preservar los registros.
A partir de ese procedimiento se analizaron, período por período, los datos de los sistemas internos, los recibos de sueldo y las constancias de las acreditaciones bancarias.
Cuatro personas concentraron el 44% del dinero detectado
Dentro de los 23 beneficiarios identificados, cuatro personas sin vínculo laboral o funcional con la Armada concentraron una parte significativa de los pagos investigados.
En conjunto, recibieron 184 acreditaciones por $434.200.718,04, equivalente al 44,25% del monto histórico total detectado.
Según la denuncia, los pagos fueron distribuidos de la siguiente manera:
►María del Carmen Prieto: 46 acreditaciones por $152.259.495,86.
►Damián Andrés Santana: 47 acreditaciones por $99.496.225,47.
►Amalia Cristina Díaz: 46 acreditaciones por $91.978.048,38.
►Natalia Carolina Yahia: 45 acreditaciones por $90.466.948,33.
El caso de Prieto adquirió particular relevancia dentro de la investigación debido a su vínculo matrimonial con el entonces jefe del Departamento Revista, el capitán de navío contador Ariel Baltasar Atanasoff.
La investigación administrativa tomó declaración a distintas personas vinculadas con las operaciones. Entre ellas estuvo Atanasoff, quien se encontraba al frente del Departamento Revista.
De acuerdo con lo consignado en la denuncia, el oficial reconoció tener conocimiento de las acreditaciones efectuadas a favor de personas ajenas a la fuerza y afirmó que las operaciones se realizaban de manera manual.
Siempre según la presentación judicial, Atanasoff manifestó que las operaciones tenían como finalidad beneficiar económicamente a determinados destinatarios y que él decidía los beneficiarios y los montos. También habría señalado que ejecutaba personalmente esas operaciones y que no intervenían otras personas en esas decisiones.
La Armada sostiene que las declaraciones fueron contrastadas con la documentación reunida durante la investigación y que los registros permitieron confirmar que los cuatro principales beneficiarios no pertenecían a la institución y no contaban con liquidaciones que justificaran esos pagos.
Otros casos bajo análisis
El expediente también menciona situaciones vinculadas con personal de la propia Armada.
Uno de los casos corresponde al capitán de corbeta contador Roberto Eduardo Castro. Según la denuncia, durante períodos en los que se encontraba destinado en el exterior habría recibido simultáneamente acreditaciones en Argentina.
El sistema de haberes contempla mecanismos específicos para el personal destinado fuera del país y, según la Armada, esos agentes quedan excluidos de los archivos automáticos de acreditación en territorio argentino. Por ese motivo, la fuerza considera que esas operaciones habrían requerido la incorporación de registros por fuera del procedimiento automático.
También fueron detectadas acreditaciones a favor de la AGCV Luana Magalí Piedigrossi, cónyuge de Castro, durante períodos en los que se encontraba con licencia sin goce de haberes.
La fuerza aclaró que las explicaciones brindadas por los distintos beneficiarios forman parte de la investigación y que corresponde a la Justicia determinar el grado de conocimiento o participación que pudiera existir en cada caso.
El rol de Banco Nación en la reconstrucción
La investigación no se limitó a los registros de la Armada. La institución solicitó información al Banco Nación sobre las operaciones y sobre las personas relacionadas con la preparación y transmisión de los archivos de acreditaciones.
Parte de esa documentación fue incorporada posteriormente y permitió ampliar la cantidad de operaciones detectadas y actualizar el cálculo de los montos involucrados.
De esta manera, la investigación pasó de un problema inicialmente circunscripto a determinados suplementos mal liquidados a una revisión integral del circuito utilizado para procesar y transferir los haberes.
El expediente también registra devoluciones de dinero por parte de algunos beneficiarios.
La Armada contabilizó hasta el momento $42.574.267,63 restituidos, mediante transferencias efectuadas a la cuenta operativa correspondiente al sistema financiero de la fuerza.
Entre quienes realizaron devoluciones aparecen Ariel Vicente Gallo, Roberto Eduardo Castro, Cristian Sebastián Lobato y Juan Carlos Barrios, además de los capitanes de corbeta Gerardo Horacio Heredia, Anabela Alejandra Farias y Mathías Agustín Pieroni.
Sin embargo, la institución aclaró que las devoluciones no reducen el monto histórico de las operaciones detectadas. Sobre los $981.148.567,88 identificados originalmente, quedaba una diferencia de $938.574.300,25 al momento consignado en la denuncia.
El vínculo que modificó el curso de la investigación
Según la presentación judicial, la participación de Atanasoff no fue advertida en la primera etapa de la investigación.
La situación cambió cuando, durante la revisión de períodos anteriores, apareció entre los beneficiarios María del Carmen Prieto, su esposa. La Armada consideró ese vínculo un elemento relevante para profundizar las actuaciones.
A partir de entonces, dispuso el relevo preventivo de Atanasoff de sus funciones y ordenó preservar el equipamiento informático utilizado para preparar y transmitir los archivos de pago al Banco Nación.
La documentación entregada incluye informes administrativos, registros informáticos, actas de preservación de equipos, planillas con las operaciones detectadas, comprobantes bancarios, declaraciones testimoniales y el informe final de la investigación interna.
La Armada puso además a disposición de la Justicia los archivos, registros y soportes informáticos que puedan resultar necesarios para reconstruir las operaciones.
El expediente quedó radicado en el juzgado federal a cargo de Sebastián Ramos. A partir de ahora, la investigación judicial deberá establecer cómo se realizaron concretamente las modificaciones, quiénes tuvieron acceso al mecanismo, qué grado de conocimiento existía entre los beneficiarios y si corresponde atribuir responsabilidades penales.
