Alberto Fernández camino a juicio oral: la querella de Fabiola Yañez podría pedir hasta 12 años de prisión

La causa judicial por violencia de género contra el expresidente Alberto Fernández entró en su fase decisiva. El fiscal federal Ramiro González dio por finalizada la investigación preliminar y abrió el camino al juicio oral, en una causa que podría desembocar en un pedido de condena de hasta 12 años de prisión, si prospera el planteo de la querella a cargo de Fabiola Yañez, ex pareja del mandatario.

La acusación es por lesiones leves en dos oportunidades y una lesión grave, todas agravadas por haberse producido en un contexto de violencia de género, una relación asimétrica de poder y bajo amenazas. Se trata de figuras penales severas que contemplan penas de entre 4 y 12 años de prisión efectiva, algo inédito en la historia reciente para un expresidente en funciones democráticas.

La querella, representada por el abogado Mauricio D’Alessandro, anticipó que responderá en los próximos días la notificación fiscal y pedirá avanzar con el juicio oral con base en los delitos más graves que permite el expediente. Si en el debate se comprueban las acusaciones, podría solicitar la pena máxima prevista por el Código Penal. El exmandatario, además, afronta un embargo de 10 millones de pesos, aunque su mayor desafío judicial ahora no es económico, sino penal.

Más allá de las resoluciones técnicas que restan —como el sorteo del Tribunal Oral y la definición del juez Julián Ercolini sobre si acepta la elevación a juicio—, lo que está en juego es más que una disputa judicial entre particulares: se trata de una causa de alto impacto institucional, que expone los límites del poder, las dinámicas íntimas del poder político y las fisuras profundas de una gestión que terminó entre polémicas.

El caso, en sus detalles, ofrece una radiografía inquietante: una ex primera dama que denuncia violencia física y psicológica por parte del presidente en ejercicio, un procesamiento confirmado por la Justicia y una investigación que, según el propio fiscal, ya no requiere más pruebas. Todo esto en un contexto en el que las denuncias por violencia de género han ganado centralidad pública, pero todavía enfrentan escepticismo cuando los acusados pertenecen al círculo del poder.

La defensa de Fernández todavía puede pedir prórrogas o realizar planteos técnicos, pero difícilmente logre frenar el proceso. Si el juicio oral se concreta —como todo indica que ocurrirá—, marcará un antes y un después en la historia política y judicial argentina.

La posibilidad de que un expresidente electo democráticamente enfrente un juicio por violencia de género, con expectativa de prisión efectiva, es más que una anécdota judicial: es un hecho político de peso, que interpela no sólo a la figura de Alberto Fernández, sino también a las estructuras de poder que, en demasiadas ocasiones, minimizaron o silenciaron estas denuncias.

Queda por ver si este juicio servirá para reforzar los principios de igualdad ante la ley o si terminará atrapado en las tensiones de la polarización y la especulación partidaria. Pero lo cierto es que la justicia ya se ha movido, y el escenario que se abre tiene consecuencias que van mucho más allá del ámbito judicial.