Alarma internacional: ONU exige al Gobierno revertir detenciones arbitrarias, torturas y represión en protestas

La advertencia internacional no es nueva, pero su intensidad sí lo es. Argentina enfrenta un espejo incómodo que revela prácticas naturalizadas y una tendencia a justificar excesos en nombre del orden público. La respuesta estatal —si llega— definirá si este informe se convierte en un punto de inflexión o en otro capítulo de una larga lista de alertas ignoradas.

La última evaluación del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas expone un diagnóstico severo sobre la situación de los derechos humanos en la Argentina.

En su informe final, elaborado tras el 83° período de sesiones en Ginebra, el organismo advierte que el país atraviesa una “situación grave” en materia de violencia institucional, tratamiento de personas detenidas y respuesta estatal ante la protesta social.

El mensaje, lejos de la diplomacia habitual, instala un llamado de urgencia: el Estado argentino debe corregir prácticas que vulneran estándares internacionales básicos.

El documento toma como referencia aportes del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y denuncias presentadas en una reunión confidencial realizada en Suiza, y subraya un punto que se ha vuelto central en la agenda nacional: la incompatibilidad entre determinadas políticas de seguridad y las obligaciones asumidas por Argentina en materia de derechos humanos. La preocupación se intensifica en el contexto de un país donde las fuerzas de seguridad incrementaron su presencia en las calles y donde distintos gobiernos provinciales y nacional recurrieron a operativos de alto impacto para contener manifestaciones.

Entre los aspectos más críticos, la ONU remarca el uso reiterado de comisarías como centros de detención prolongada, una práctica que viola estándares internacionales y que expone a las personas privadas de la libertad a condiciones insalubres y a mayores riesgos de abusos. El Comité reclama su prohibición inmediata y efectiva, en línea con recomendaciones que Argentina recibe desde hace más de una década.

Otro punto cardinal es la revisión de las normas de uso de la fuerza del Ministerio de Seguridad, incluyendo el llamado “Protocolo Antipiquetes”. Para el organismo internacional, estas regulaciones no garantizan los principios de necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas, lo cual habilita márgenes de discrecionalidad que pueden traducirse en violencia injustificada. La falta de avances en investigaciones por abusos en protestas —desde las manifestaciones reprimidas en la Ciudad de Buenos Aires hasta la violenta respuesta estatal en Jujuy en 2023— revela una constante: la impunidad como regla.

El informe también cuestiona los regímenes penitenciarios de Alto Perfil y Alto Riesgo, donde se registran aislamientos extremos y restricciones de visitas familiares que vulneran la dignidad humana. A ello se suma la alarma por requisas corporales invasivas a familiares, que afectan principalmente a mujeres y niños, y que son aplicadas sin cumplir criterios estrictos de necesidad.

La situación del penal de Piñero, en Santa Fe, aparece como un caso paradigmático: denuncias de torturas y malos tratos ocurridas en marzo de 2024, aún sin respuesta judicial adecuada, muestran la fragilidad del sistema para investigar a sus propios agentes. La ONU insiste en que la ausencia de sanciones consolida prácticas estructurales de violencia institucional.

El sistema penal juvenil recibe también una advertencia contundente. El Comité rechaza cualquier intento de reducir la edad mínima de responsabilidad penal y señala que la detención de niñas, niños y adolescentes debe ser excepcional, breve y siempre separada de personas adultas. La persistencia de encierros en comisarías evidencia que estas recomendaciones siguen lejos de cumplirse.

Lo que emerge del informe es un diagnóstico integral que interpela a los tres poderes del Estado. La ONU no solo señala fallas operativas o administrativas, sino un retroceso preocupante que afecta el corazón del sistema democrático: el respeto irrestricto por la dignidad humana. Las recomendaciones son claras y exigentes, pero su cumplimiento dependerá de la voluntad política de priorizar garantías básicas por encima de la lógica punitivista que, en distintos niveles, ha marcado el rumbo reciente.