Ajuste récord en ciencia y tecnología: menos presupuesto, salarios licuados y 4.500 empleos perdidos
El diagnóstico es contundente: el ajuste no responde únicamente a una lógica de reducción del gasto, sino a un cambio de paradigma que relega a la ciencia y la tecnología a un rol marginal. Las consecuencias, sin embargo, exceden al sector y amenazan con hipotecar la capacidad del país para generar conocimiento, innovación y desarrollo en el mediano y largo plazo.
El sistema científico-tecnológico argentino atraviesa uno de los retrocesos más profundos desde el retorno de la democracia.
A dos años del inicio del gobierno de Javier Milei, el balance elaborado por el Grupo Economía, Política y Ciencia (EPC) del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (CIICTI) expone un escenario marcado por recortes presupuestarios históricos, destrucción de empleo calificado y un deterioro estructural que compromete el futuro del sector.
Según el informe, el financiamiento público destinado a ciencia y tecnología cayó del 0,30% del PBI en 2023 al 0,164% en 2025. La reducción, cercana al 44%, ubica la inversión estatal en su nivel más bajo de la historia reciente, incluso por debajo del piso registrado durante la crisis de 2002. Lejos de tratarse de un ajuste coyuntural, los investigadores lo describen como un recorte sostenido y planificado.
El impacto no se limitó a las partidas presupuestarias. Los salarios de investigadores, técnicos y personal de apoyo del CONICET, universidades nacionales y otros organismos del sistema público perdieron hasta un 38% de su poder adquisitivo. Esta caída, acumulada mes a mes, erosionó las condiciones de vida de miles de trabajadores altamente calificados y profundizó la fuga de talentos hacia el exterior o hacia el sector privado no científico.
En paralelo, la política de restricción del gasto golpeó de lleno la capacidad operativa de los institutos. La compra de insumos se redujo más del 50%, la inversión en equipamiento cayó casi un 65% y las transferencias se desplomaron más del 80% en comparación con 2023. En términos prácticos, esto se traduce en laboratorios paralizados, proyectos inconclusos y una fuerte pérdida de autonomía para desarrollar investigación estratégica.
El ajuste también tuvo un correlato directo en el empleo: se eliminaron 4.481 puestos en organismos de ciencia y tecnología y otros 711 en empresas públicas vinculadas al sector. La reducción de personal no solo implica menos puestos de trabajo, sino también la pérdida de capacidades acumuladas durante décadas de formación e inversión estatal.
El informe señala que el recorte total en el bienio alcanza una contracción del 45,5% en relación con el PBI, superando ampliamente el ajuste aplicado durante el gobierno de Mauricio Macri entre 2015 y 2019, que había sido del 35,3%. En este sentido, el EPC-CIICTI advierte que la actual política científica no tiene precedentes por su profundidad y velocidad.
Uno de los casos más emblemáticos es el de la Agencia I+D+i, cuyo presupuesto real se redujo más de un 82% en dos años, situación que derivó en la suspensión de los Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica (PICT), una de las principales herramientas de financiamiento para la investigación en el país.
A esto se suma una redefinición institucional impulsada a través de decretos amparados en la Ley Bases. El Gobierno avanzó sobre la estructura y el funcionamiento de organismos clave como el INTI, el INTA y el Banco Nacional de Datos Genéticos, quitándoles autonomía, modificando sus directorios o alterando su estatus jurídico. Estas decisiones, advierten los especialistas, no solo reducen recursos, sino que debilitan el entramado institucional que sostiene el desarrollo científico nacional.
