Ahora el Gobierno Nacional busca eliminar la Ley del Peón Rural

En un giro legislativo que generó preocupación entre los sectores laborales, el Gobierno Nacional anunció su intención de modificar la legislación laboral actual que protege a los trabajadores rurales.

Este cambio se basa en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23, el cual permitirá la eliminación de derechos adquiridos fundamentados en la Ley de Trabajo Agrario, vigente desde 2011.

La propuesta, que ha sido catalogada por algunos como un intento de «modernización del Régimen de Trabajo Agrario», amenaza con derogar la ley que garantiza, entre otras cosas, la jornada laboral de ocho horas, el derecho a la jubilación anticipada, y condiciones mínimas de trabajo para los peones rurales. Estos derechos habían sido establecidos en una normativa que buscaba equilibrar el poder entre trabajadores y empleadores en un sector que actualmente registra una alta tasa de informalidad laboral.

El impulso para estas modificaciones proviene de la Sociedad Rural Argentina (SRA), que ha estado abogando por la eliminación de regulaciones que consideran obsoletas y que, según afirman, limitan la competitividad del sector agrícola. No obstante, críticos de la medida sostienen que esta acción podría agravar la situación de muchos trabajadores, que ya enfrentan condiciones laborales precarias.

Un análisis de las condiciones laborales en la agricultura, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), revela un panorama preocupante: de los aproximadamente 917,000 trabajadores asalariados en el sector agrícola, solo 329,000 están registrados formalmente. Esto deja a un alarmante 64,12% en la informalidad, lo cual plantea serios cuestionamientos sobre la efectividad de la supervisión gubernamental y la protección de los derechos laborales.

Luis Palmeiro, abogado laboralista y representante de la Federación de Trabajadores de la Economía Social, criticó fuertemente la medida, asegurando que «el DNU 70/23 reduce las penalidades para el trabajo no registrado y permite a los propietarios de tierras volver a tener libertad de contratación sin garantías, revive prácticas laborales que se pensaron olvidadas desde la época de la dictadura».

La ley 26.727, que se busca modificar, prohibía la intervención de empresas de servicios temporarios en el ámbito rural, una medida implementada para proteger a los trabajadores de las prácticas abusivas que históricamente han prevalecido en el sector. La derogación de esta ley sería un regreso a un modelo que favorece la precarización del trabajo rural, en un contexto donde ya se presenta una alta proporción de trabajadores sin acceso a derechos básicos.

Con este anuncio, la administración nacional enfrenta un creciente descontento en el sector laboral y la sociedad civil, que alerta sobre el riesgo de un retroceso significativo en los derechos de los trabajadores rurales, en momentos donde la lucha por la formalización del trabajo y el respeto de los derechos laborales debería ser una prioridad. La cuestión ahora será cómo proseguirán las negociaciones entre el gobierno y las organizaciones de trabajadores en un clima de creciente incertidumbre social.