Bullrich marca diferencias con la Casa Rosada y rechaza acompañar la baja de una candidatura judicial
La legisladora comunicó directamente al jefe de Estado que ejercerá una «objeción de conciencia» frente a la determinación de dar marcha atrás con la candidatura de Michelli para integrar el Tribunal Oral Criminal Federal N°3 de La Plata, una postulación que ya había superado las instancias institucionales correspondientes y contaba con dictamen favorable en el Senado.
La decisión del Gobierno nacional de retirar el pliego de la jueza María Verónica Michelli abrió una nueva fisura dentro del oficialismo y dejó expuesta una postura crítica de la senadora Patricia Bullrich, quien anunció que no respaldará la medida impulsada por el presidente Javier Milei.
La decisión de la Casa Rosada generó cuestionamientos tanto en sectores opositores como entre dirigentes cercanos al Gobierno. Diversas voces interpretaron que el retiro del pliego estaría vinculado a la relación familiar de la magistrada con el periodista Hugo Alconada Mon, situación que alimentó el debate político en torno a los criterios utilizados para frenar su designación.
En ese contexto, referentes del PRO y de la Unión Cívica Radical expresaron su desacuerdo con la medida y defendieron la trayectoria profesional de la candidata. Los legisladores remarcaron que Michelli había cumplido con todos los requisitos exigidos por el proceso de selección y que su postulación no había recibido objeciones formales durante el tratamiento parlamentario.
La postura adoptada por Bullrich adquiere relevancia porque representa uno de los cuestionamientos públicos más visibles dentro del espacio que respalda al Gobierno. A través de un mensaje difundido en la red social X, la senadora sostuvo que informó personalmente al Presidente sobre su decisión de no acompañar el retiro del pliego, al considerar que sus convicciones también forman parte de las responsabilidades que debe asumir como dirigente política.
Si bien la exministra de Seguridad reconoció la potestad constitucional del Poder Ejecutivo para proponer o retirar candidatos a cargos judiciales, dejó en claro que no comparte la decisión tomada en este caso.
Su posicionamiento vuelve a evidenciar tensiones internas respecto de algunas definiciones estratégicas de la administración libertaria y refleja que, aun dentro del oficialismo, existen diferencias sobre la relación entre la política y los procesos de designación en la Justicia.
