Corrupción en Arsat: la Justicia investiga a «la banda de los mendocinos»

Una investigación judicial que comenzó a partir de un robo en un depósito vinculado a la empresa estatal Arsat derivó en una causa de mayor alcance que hoy pone bajo la lupa a un grupo de exfuncionarios y empresarios acusados de integrar una presunta estructura de corrupción dedicada al direccionamiento de contrataciones públicas y al cobro de sobornos.

La pesquisa, impulsada por la Justicia Federal de San Isidro, se concentra en un entramado conocido en ámbitos políticos y empresariales como «la banda de los mendocinos», cuyo principal referente es Facundo Leal, según consignó el canal de noticias C5N. El fiscal Fernando Domínguez solicitó la indagatoria de varios involucrados tras detectar supuestas irregularidades en los vínculos comerciales entre Arsat y la firma Argentina Logistic Services (ALS), empresa que habría resultado beneficiada en procesos de contratación bajo sospecha.

El expediente tomó mayor relevancia luego de la reciente detención de Leal en Palermo. Durante el procedimiento, las fuerzas de seguridad secuestraron dinero en efectivo en moneda extranjera, documentación y sustancias ilegales, elementos que ampliaron el interés de los investigadores sobre el origen de los fondos y las actividades del grupo.

Según la hipótesis judicial, el esquema habría funcionado mediante la filtración de información privilegiada y la presentación de ofertas coordinadas entre empresas relacionadas, con el objetivo de garantizar adjudicaciones previamente definidas. En ese contexto, el exsubgerente de Compras de Arsat, Gerardo Boschin, aparece señalado como una pieza clave para facilitar contratos a cambio de beneficios indebidos. Los investigadores sostienen que durante varios años autorizó operaciones millonarias con proveedores vinculados a la maniobra.

La causa también involucra al exsubgerente de Finanzas, Pablo Pagani, acusado de avalar extensiones contractuales sin cumplir con los mecanismos de control internos exigidos para una empresa estatal. Para la fiscalía, estas decisiones permitieron sostener relaciones comerciales que hoy son objeto de investigación.

Uno de los aspectos que más atención concentra es la evolución patrimonial de algunos de los imputados. Los informes incorporados al expediente muestran incrementos significativos en los bienes declarados por varios exfuncionarios durante su paso por la administración pública. La Justicia busca determinar si esos crecimientos pueden justificarse con ingresos legítimos o si guardan relación con las maniobras investigadas.

Más allá de los aspectos económicos, el caso también expone una red de vínculos políticos y empresariales que trascendió distintas gestiones gubernamentales. Fuentes cercanas a la investigación sostienen que los acusados mantenían contactos con contratistas estatales, empresarios y dirigentes de distintos espacios, conformando un entramado de influencia que les permitió conservar posiciones estratégicas dentro del Estado.

La presunta celebración de contratos públicos mediante viajes al exterior y encuentros exclusivos forma parte de los testimonios incorporados al expediente, aunque esos hechos todavía deben ser corroborados judicialmente.

El avance de la causa coincide con la caída política de varios integrantes del grupo, quienes perdieron espacios de poder en organismos vinculados al transporte y la infraestructura tras una serie de renuncias registradas a comienzos de año. Para los investigadores, esos movimientos marcaron el inicio del desmantelamiento de una estructura que había logrado extender su influencia en distintas áreas de la administración pública.

Mientras el juez a cargo del caso analiza nuevas citaciones a declaración indagatoria, continúan los peritajes sobre teléfonos, computadoras y documentación secuestrada en allanamientos realizados en varias provincias. El resultado de esas pruebas será determinante para establecer la dimensión real del esquema investigado, identificar a todos los beneficiarios y determinar cuántos contratos públicos pudieron haber sido afectados por prácticas irregulares.