Adhesión masiva en todo el país a la huelga estatal contra la reforma laboral
La jornada de protesta incluye también el reclamo por una recomposición salarial urgente a través de la reapertura de las negociaciones paritarias.
La Asociación Trabajadores del Estado registró un nivel de acatamiento superior al 93 por ciento durante la jornada de Paro Nacional. El sindicato calificó la respuesta de los empleados públicos como histórica en el marco del actual ciclo de Gobierno.
El secretario general de la organización, Rodolfo Aguiar, manifestó que el descontento de la clase trabajadora ha alcanzado un límite ante un proyecto de ley que considera una expropiación de derechos laborales y un retroceso de un siglo en materia de conquistas sociales.
Impacto de la medida y servicios afectados
La protesta ha paralizado gran parte del funcionamiento administrativo y operativo del país. En las dependencias oficiales solo se mantienen guardias mínimas para casos de urgencia en salud y sectores críticos. Entre las áreas con mayores complicaciones se encuentran
Controles fronterizos y sanitarios en puertos y aduanas. Administración de la aviación civil y seguridad en plantas nucleares. Servicios de recolección de residuos y tareas auxiliares en establecimientos educativos. Atención presencial en organismos nacionales como PAMI y ANSES.
La conducción de ATE advirtió que los cambios normativos impulsados por el Poder Ejecutivo buscan institucionalizar la precariedad laboral mediante la figura del monotributo. Aguiar denunció que la apertura de importaciones y la caída estrepitosa del poder adquisitivo están destruyendo el tejido empresarial argentino, lo que impide la creación de empleo genuino. Asimismo, el gremio alertó sobre el riesgo que corren 70.000 trabajadores estatales debido a la intención oficial de reducir la planta de empleados públicos en un 10 por ciento.
Tras la movilización a Plaza de Mayo, el sindicato planteó la necesidad de convocar a una huelga general el día que el proyecto sea debatido en el recinto legislativo. Para los referentes estatales, la movilización callejera es el único camino para detener lo que consideran un atropello a los sectores más vulnerables.
