A 31 años del atentado a la AMIA, la Justicia argentina abre la puerta al juicio en ausencia y enfrenta un dilema histórico

La bomba que explotó el 18 de julio de 1994 a las 9:53 en Pasteur 633 dejó 85 muertos, más de 150 heridos y una herida abierta que no ha cerrado. A 31 años, y tras tres juicios fallidos, el país se aproxima a un hecho inédito: la posibilidad de llevar adelante un juicio en ausencia contra los imputados por el ataque.

A más de tres décadas del atentado más grave de la historia argentina, la causa AMIA continúa simbolizando no sólo una tragedia inconmensurable sino también el fracaso persistente del sistema judicial.

La iniciativa, impulsada por el juez federal Daniel Rafecas a pedido de la Unidad Fiscal AMIA, busca evitar que el expediente —con más de 490 mil páginas— quede paralizado indefinidamente. El argumento central es claro: los diez imputados, entre ellos siete iraníes y tres libaneses vinculados con Hezbollah, llevan años declarados en rebeldía, conocen los cargos y nunca respondieron a los reiterados pedidos de extradición. En este contexto, el juicio en ausencia aparece como una herramienta jurídica extraordinaria ante un crimen también extraordinario.

La resolución de Rafecas —una pieza jurídica de 148 páginas— fundamenta la aplicación de la Ley de Juicio en Ausencia sancionada por el Congreso, que permite su uso en casos de lesa humanidad, terrorismo, crímenes de guerra y genocidio. «Sin esta opción, estos individuos podrían permanecer prófugos indefinidamente y los casos quedarían paralizados», advirtió el magistrado, anticipando así uno de los dilemas éticos y legales que marcarán el proceso.

No obstante, la decisión no está firme. Fue apelada por las defensas oficiales y también cuestionada por algunas querellas, lo que empuja la definición a la Cámara Federal de Apelaciones. De allí podría escalar a la Cámara de Casación Penal y, eventualmente, a la Corte Suprema. La demora es un riesgo, pero también un reflejo de la prudencia institucional ante un precedente que puede cambiar la historia judicial del país.

El fiscal Sebastián Basso, titular de la Unidad AMIA, ha sido categórico: «No hay motivo para no aplicar esta ley. El Congreso la dictó y los fiscales y jueces debemos cumplirla». Basso no duda en trazar un paralelismo con el caso Videla, cuando en 1983 la Corte Suprema convalidó que los juicios a militares pasaran del fuero castrense a la Justicia civil. «En la AMIA es más o menos lo mismo», explicó.

Desde el entorno de la comunidad judía, representada por la AMIA, también hay apoyo a esta vía inédita. Su abogado, Miguel Bronfman, admitió que el panorama es incierto pero reconoció una «corriente favorable» a avanzar con el juicio. Sin embargo, alertó sobre las complejidades logísticas y jurídicas: el proceso sería extenso, con decenas de testigos y abundante prueba acumulada a lo largo de los años. Y planteó una incógnita clave: ¿qué ocurriría si un imputado es detenido o se presenta mientras se desarrolla el juicio?

A nivel internacional, el caso ha vuelto a ganar relevancia luego de que en 2024 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenara al Estado argentino por su actuación deficiente en la prevención, investigación y esclarecimiento del atentado. Exigió, entre otras medidas, la apertura total de los archivos de inteligencia, una demanda histórica de los familiares de las víctimas.

En paralelo, la fiscalía ha intensificado sus esfuerzos para probar la responsabilidad de Hezbollah y del régimen iraní. Los indicios señalan una red de complicidades que incluye a Salman Raouf Salman, coordinador operativo del atentado, y al líder supremo de Irán, Ali Khamenei, sobre quien pesa ahora también un pedido de captura internacional. «Si él no lo autorizaba, el atentado no se habría realizado», aseguró Basso, alineándose con lo que años atrás ya había afirmado el fallecido fiscal Alberto Nisman.

El fiscal también apuntó a la presencia de células de Hezbollah en la triple frontera, en particular al libanés Farouk Abdul Omairi, que reside en Brasil y no pudo ser extraditado. El caso fue trasladado a la Justicia brasileña, donde hay una causa abierta, aunque sin avances significativos.

La decisión sobre la validez del juicio en ausencia marcará un punto de inflexión. Si la Cámara lo avala, Argentina dará un paso inédito en su historia judicial: juzgar a presuntos autores de un crimen atroz sin su presencia física. Pero el riesgo es doble: si fracasa, se profundizará la percepción de impunidad que ha empañado el caso durante tres décadas; si prospera, abrirá un camino nuevo pero complejo, donde la Justicia deberá demostrar que aún puede estar a la altura de sus víctimas.

En definitiva, el juicio en ausencia no es sólo una cuestión legal: es una respuesta política, ética y simbólica a un drama nacional irresuelto. En el 31° aniversario del atentado, el reclamo de justicia sigue vigente, pero esta vez podría convertirse en una herramienta concreta para quebrar la parálisis judicial. La historia, ahora, está en manos de los jueces.