EE. UU. respalda a Argentina en el caso YPF y refuerza su posición en la justicia estadounidense
Esta acción, ordenada el pasado 30 de junio por la jueza neoyorquina Loretta Preska, implicaba un paso concreto hacia la ejecución de la sentencia que condena a Argentina al pago de más de 16.000 millones de dólares.
En un giro estratégico que fortalece la posición de la Argentina en el prolongado litigio por la expropiación de YPF, el Departamento de Justicia de Estados Unidos respaldó formalmente la solicitud del país sudamericano para suspender la entrega de acciones de la petrolera estatal.
El pronunciamiento del Departamento de Justicia no es menor. Constituye una continuidad del respaldo expresado en noviembre de 2024, cuando el mismo organismo intervino ante Preska para oponerse a la ejecución inmediata del fallo. Aquella intervención fue leída entonces como un gesto favorable pero no concluyente. Su reiteración en esta fase crítica, en cambio, marca un alineamiento sostenido con los argumentos del Estado argentino y otorga una señal política que trasciende el plano estrictamente jurídico.
El contexto le da aún mayor relevancia a este apoyo. En 2019, durante los mandatos de Mauricio Macri y Donald Trump, el Departamento de Justicia había adoptado una postura opuesta: se presentó como amicus curiae ante la Corte Suprema de EE. UU. para recomendar que se rechazara el reclamo de inmunidad de jurisdicción planteado por Argentina. Ese cambio de actitud ilustra cómo las relaciones bilaterales y los intereses geopolíticos pueden influir en las decisiones legales internacionales, especialmente cuando involucran a empresas estratégicas como YPF y a actores de peso del sistema financiero global.
Aunque el respaldo estadounidense no implica una resolución definitiva del litigio, sí podría inclinar la balanza en un momento crucial. La causa sigue su curso en tribunales de EE. UU., y la suspensión de la entrega de acciones permitiría ganar tiempo mientras se evalúan los recursos presentados por la defensa argentina. De lo contrario, una ejecución inmediata podría provocar consecuencias patrimoniales irreversibles, además de tensionar la relación entre poderes judiciales y ejecutivos a ambos lados del continente.
En términos políticos, el pronunciamiento de Washington puede leerse como una señal de apoyo al gobierno de Javier Milei en su intento por descomprimir un frente financiero delicado. También refleja una renovada voluntad de evitar que una sentencia que afecta a un Estado soberano tenga efectos desproporcionados antes de agotar todas las instancias de revisión legal.
La expropiación de YPF, realizada en 2012 bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, sigue siendo una herida abierta en los tribunales estadounidenses, con ramificaciones jurídicas, diplomáticas y económicas. El respaldo del Departamento de Justicia no cierra el caso, pero sí ofrece una bocanada de oxígeno para una Argentina que busca limitar los costos de una decisión judicial adversa mientras redefine su estrategia energética y su inserción en los mercados globales.
