Walter Merkis advirtió que las universidades colapsarán antes de julio si se aprueba el presupuesto 2026
El debate por el presupuesto 2026 se perfila así como un punto de inflexión: entre la continuidad de un sistema público de educación superior o su progresivo desfinanciamiento. Si las advertencias de FATUN se confirman, las universidades podrían convertirse, una vez más, en el termómetro del costo social del ajuste.
El secretario general de la Federación Argentina del Trabajador de Universidades Nacionales (FATUN), Walter Merkis, alertó que las universidades públicas del país “no pasarán de mitad de año” si el Congreso aprueba el presupuesto 2026 enviado por el gobierno de Javier Milei.
La advertencia, formulada durante una reunión de la Comisión de Educación del Senado, expone con crudeza el impacto que tendría el plan de ajuste oficial sobre el sistema universitario y científico argentino.
El proyecto presupuestario, actualmente en debate, implica una reducción real de los fondos destinados a Educación, Ciencia y Tecnología, y elimina los tres principales mecanismos de financiamiento sostenido del sector: el Fondo Nacional de Educación Técnico Profesional, la obligación de destinar al menos el 6% del PBI a la educación —consagrada por ley— y el compromiso de invertir el 1% del PBI en ciencia y tecnología. En la práctica, esta arquitectura de recortes desmantela la estructura legal que desde hace años garantiza la supervivencia del sistema universitario nacional.
Merkis recordó que el Congreso había aprobado una ley de financiamiento universitario para dar previsibilidad a las instituciones, pero que el presidente Milei vetó su aplicación, dejando en suspenso los fondos incluso tras el rechazo parlamentario a esa decisión. “Si no se restablece el financiamiento, no habrá modo de sostener el funcionamiento de las universidades. El impacto será total: desde los salarios hasta la investigación, pasando por becas y servicios básicos”, sostuvo el dirigente de FATUN.
La reunión, encabezada por el senador Wado de Pedro, reunió a representantes gremiales, especialistas en políticas educativas y referentes de organizaciones sociales. Todos coincidieron en que el presupuesto 2026 representa un retroceso estructural que amenaza con paralizar la educación pública, socavar la ciencia nacional y profundizar la desigualdad territorial.
El caso de las universidades es emblemático: más de 60 instituciones distribuidas en todo el país dependen de transferencias nacionales que, según estimaciones gremiales, caerían en términos reales más del 30%. La reducción no solo afectaría la enseñanza y la investigación, sino también el sostenimiento de los miles de trabajadores nodocentes que garantizan el funcionamiento cotidiano de las instituciones.
El planteo de Merkis trasciende la defensa gremial. Su advertencia interpela la política económica del gobierno, centrada en el equilibrio fiscal a cualquier costo, y cuestiona la sostenibilidad de un modelo que sacrifica la formación universitaria, la ciencia y la tecnología —pilares de cualquier estrategia de desarrollo— en nombre del ajuste.
