Marcela Pagano pidió la detención de Manuel Adorni por entorpecimiento de la investigación

El conflicto en torno a la investigación que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo con alto voltaje político y judicial. La diputada Marcela Pagano solicitó ante la Justicia federal la detención preventiva del funcionario, al considerar que existen indicios de maniobras destinadas a interferir en el proceso.

El planteo no solo introduce un giro más severo en la causa, sino que instala una discusión de fondo: hasta qué punto el poder institucional puede incidir en el desarrollo de una investigación. Según consignó la Agencia NA, en su presentación, Pagano argumenta que hay un riesgo “actual e inminente” de entorpecimiento, basado en un episodio reciente en el que Adorni habría tomado contacto con un testigo clave antes de su declaración judicial.

Según la denuncia, ese acercamiento incluyó el ofrecimiento de asistencia y la posible intervención de su equipo, lo que podría interpretarse como un intento de influir en el testimonio. A esto se suma la sospecha de eliminación de mensajes que podrían resultar relevantes para la causa, un punto que, de confirmarse, reforzaría la hipótesis de obstrucción.

La diputada fundamenta su pedido en la llamada doctrina Irurzun, un criterio que habilita la prisión preventiva cuando un funcionario en ejercicio podría valerse de su posición para obstaculizar la acción judicial. Este enfoque ya fue aplicado en casos de alto perfil y vuelve a escena en un contexto donde la tensión entre política y justicia se encuentra en primer plano.

Más allá de la resolución que adopte el juez, el pedido de detención reconfigura el escenario: desplaza el eje desde la investigación patrimonial hacia un posible uso del poder para condicionar el proceso. En términos políticos, también profundiza la confrontación dentro del sistema institucional, al involucrar a una figura central del Ejecutivo en una instancia que podría derivar en medidas restrictivas de su libertad.