Violencia estatal en aumento: Bregman advierte que la represión de Bullrich “va a terminar mal”

La represión de Gendarmería sobre trabajadores despedidos de la empresa Georgalos volvió a encender las alarmas sobre el accionar del Ministerio de Seguridad Nacional, encabezado por Patricia Bullrich.

En una jornada marcada por gases, palazos y escenas de brutalidad, la dirigente del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT), Myriam Bregman, lanzó una advertencia clara y contundente: “Esta escalada de violencia va a terminar mal”.

Los hechos ocurrieron sobre la autopista Panamericana, a la altura de la calle Uruguay, en el partido bonaerense de Tigre, donde trabajadores de la planta Victoria de Georgalos se manifestaban por la reincorporación de cinco compañeros despedidos tras el vencimiento de la conciliación obligatoria. La respuesta estatal fue una represión desproporcionada: golpes, gases lacrimógenos, detenciones, y hasta el robo de pertenencias personales, según denunciaron los propios manifestantes.

“El nivel de brutalidad es alarmante. Además de reprimir y romper cabezas, a un compañero le robaron la campera. Estaban con sus uniformes, identificados, y la respuesta fue la Gendarmería. Esto no es seguridad: es violencia institucional”, afirmó Bregman en diálogo con Radio Splendid.

Lejos de ser un hecho aislado, el operativo represivo se inscribe en una lógica más amplia del actual Gobierno: la criminalización sistemática de la protesta social y el reforzamiento del aparato represivo ante cualquier reclamo laboral o social. En este marco, la figura de Bullrich crece como símbolo de una política que no negocia, sino que aplasta. “Le están concediendo poderes excepcionales”, denunció la exdiputada.

La situación en Georgalos también expone el rol pasivo del Ministerio de Trabajo bonaerense, que, según Bregman, “permite que las empresas incumplan la ley y pisoteen los derechos de los trabajadores”. La falta de sanciones o medidas efectivas por parte del organismo que dirige Jorge Correa permite que, una vez vencida la conciliación obligatoria, los despidos se sostengan sin mayores consecuencias para la empresa.

En paralelo, la movilización contó con el respaldo de comisiones internas de otras fábricas y referentes sindicales, lo que demuestra un creciente malestar en sectores obreros ante el deterioro de las condiciones laborales y la represión de las demandas legítimas.

Más allá del episodio puntual, la represión en Panamericana simboliza un momento preocupante para la democracia argentina: el Estado parece más dispuesto a disciplinar que a dialogar, a sostener el orden desde la fuerza antes que garantizar derechos. La advertencia de Bregman, lejos de ser retórica, apunta a una deriva peligrosa: la naturalización de la violencia estatal como método de gobierno.

En un país con inflación creciente, salarios en caída y una creciente precarización, el conflicto social no se resolverá con gases ni bastones. La represión no es un plan económico. Y si el Gobierno sigue apostando a la fuerza como única respuesta al conflicto, tal como advirtió la dirigente de izquierda, el desenlace puede ser tan previsible como trágico.