Cierre de Vialidad Nacional: un golpe a la infraestructura y al federalismo argentino

El anunciado cierre de la Dirección Nacional de Vialidad, formalizado por el Gobierno de Javier Milei, se perfila como un nuevo capítulo en la avanzada contra el Estado y sus funciones esenciales.

La decisión ha generado un fuerte repudio por parte de la Federación del Personal de Vialidad Nacional, cuyo titular, Fabián Catanzaro, advirtió sobre el posible despido de más de 3.000 trabajadores y denunció un escenario de “abandono total” de las rutas argentinas.

Con un tono firme y preocupado, Catanzaro declaró en Radio 10 que “ya nos han planteado que el piso de despidos es del 30%, pero con el decreto publicado estamos viendo que eso podría llegar hasta un 60% del personal”. De confirmarse, sería un golpe sin precedentes a un organismo clave para el desarrollo territorial, que actualmente cuenta con 5.300 empleados a nivel nacional.

Lo que el Gobierno presenta como una «reestructuración» se revela, según el gremialista, como un proceso de desmantelamiento progresivo que se inició con la paralización de la obra pública y que ahora se consuma con la eliminación del ente responsable de planificar, mantener y ejecutar obras en la red vial nacional.

La dimensión del problema va más allá del conflicto gremial: el 65% de las rutas nacionales —más de 25.000 km— están en un estado de regular a malo, según datos provistos por Catanzaro. Mientras tanto, el Ejecutivo busca avanzar con la concesión de 9.100 km de rutas, muchas de las cuales ya estuvieron bajo gestión privada durante tres décadas, sin resultados favorables. “Si hay alguien que no ha invertido ha sido el privado, no el Estado”, señaló con crudeza.

La política del “Estado ausente” —bandera del oficialismo libertario— comienza a mostrar sus consecuencias concretas. Y la situación vial es apenas una de sus expresiones más visibles: rutas intransitables, ausencia de obras, falta de planificación, y ahora, la desaparición de una institución que encarnaba una visión federal del desarrollo. Como advirtió el propio Catanzaro, «esto viene a cerrar el proceso que iniciaron hace dos años con la obra pública cero», una política que impacta con fuerza desigual, afectando sobre todo a las provincias del interior.

El escenario que se vislumbra no es solo de despidos masivos, sino de un retroceso estructural: la pérdida de capacidad estatal para garantizar una red vial segura y funcional, condición básica para el desarrollo económico, la integración regional y la seguridad vial. A esto se suma la opacidad en el futuro de los 33.000 km restantes que no serán concesionados y que, hasta el momento, no tienen asignado ni presupuesto ni plan de mantenimiento.

En junio, Vialidad apenas certificó 8 obras, de las cuales solo tres eran nacionales y de muy baja escala. El resto contaba con financiamiento externo. Un dato que ilustra la parálisis de la política vial y la creciente dependencia de fondos internacionales para mantener en pie lo poco que queda.

La crítica no es solo sindical; es institucional, estructural y política. El cierre de Vialidad Nacional no implica solo una poda presupuestaria: es una renuncia a planificar el país, a sostener el federalismo real, y a brindar condiciones mínimas de transitabilidad y seguridad a millones de argentinos.

La pregunta que flota en el aire no es si el Estado gasta demasiado, sino si puede dejar de hacer lo que solo él puede garantizar. En materia vial, el mercado ya tuvo su oportunidad —y fracasó.