Un suboficial retirado de la Policía Federal se suicidó tras no recibir medicación oncológica
El pasado martes por la mañana, Alejandro “Mustafá” Tijerina, suboficial retirado de la Policía Federal Argentina, se quitó la vida en el baño del Hospital Churruca.
Tenía cáncer y, según denunciaron allegados, hacía semanas que no podía acceder a los medicamentos esenciales para su tratamiento.
Tijerina, quien durante décadas formó parte activa de la fuerza e incluso integró equipos de custodia presidencial en los años ’90, atravesaba sus últimos días en un estado de abandono que contrasta con el servicio prestado al país. Las fuentes consultadas, por Crónica Política, señalan que la obra social policial no le estaba garantizando la provisión de fármacos oncológicos, situación que habría agravado su cuadro y su desesperación.
El caso expone un problema estructural en la atención médica de los efectivos retirados de la Policía Federal Argentina. La obra social, gestionada por la Superintendencia de Bienestar de la fuerza —dependiente del Ministerio de Seguridad y dirigida por el comisario mayor Fabio Adrián Fara—, ha recibido en los últimos años múltiples cuestionamientos por demoras en tratamientos críticos y falta de insumos.
La tragedia de Tijerina plantea interrogantes éticos y políticos: ¿qué responsabilidad tiene el Estado frente a quienes dedicaron su vida al servicio de la seguridad pública? Bajo la conducción actual del Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, se vuelve a poner en discusión la eficiencia y transparencia del sistema sanitario policial, en especial en casos de enfermedades graves.
Más allá del hecho individual, el suicidio de Tijerina deja al descubierto las consecuencias extremas de una cadena de desatenciones institucionales. En su caso, ni los medicamentos ni la dignidad fueron garantizados.
