Trump podría reactivar la polémica Ley de Enemigos Extranjeros para acelerar deportaciones
Esta no sería la primera vez que Trump recurre a leyes antiguas contra la inmigración. Durante la pandemia de Covid-19, utilizó el Título 42, una ley de salud pública, para cerrar las fronteras y deportar a inmigrantes que cruzaban ilegalmente. La reactivación de la Ley de Enemigos Extranjeros, sin embargo, desataría un debate aún más intenso sobre los derechos de los inmigrantes y las políticas de deportación en Estados Unidos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha puesto los ojos en la Ley de Enemigos Extranjeros, una normativa creada en 1798 durante un contexto de guerra y que, a lo largo de los años, ha sido utilizada por distintos mandatarios estadounidenses para enfrentar a aquellos considerados enemigos extranjeros.
Esta ley, que tiene 227 años de antigüedad, otorga a los jefes de Estado la potestad de detener y expulsar a ciudadanos extranjeros de países con los que Estados Unidos esté en guerra.
A pesar de que Trump no ha hecho una referencia formal a esta ley, ha hablado de ella en entrevistas y discursos, lo que ha generado especulaciones sobre la posibilidad de que la reactive para abordar la inmigración indocumentada. En particular, la ley podría utilizarse para deportar a personas provenientes de países con los que Estados Unidos tenga conflictos vigentes, eliminando el proceso legal y las apelaciones a las que pueden recurrir los inmigrantes. Además, se reducirían los tiempos y se autorizarían deportaciones más rápidas y masivas.
A lo largo de la historia, esta normativa ha sido utilizada en momentos de guerra. El presidente James Madison la activó durante la Guerra de 1812, Woodrow Wilson la utilizó en la Primera Guerra Mundial, y Franklin Roosevelt recurrió a ella durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se internaron a más de 31.000 extranjeros de origen japonés, alemán e italiano.
En la actualidad, aunque Estados Unidos no se encuentra en guerra abierta con ningún país, la administración de Trump debería demostrar que la inmigración representa una «invasión» extranjera hostil, como estipula la ley. Para invocar la norma, se requiere que una «invasión o incursión depredadora» sea llevada a cabo por una «nación o gobierno extranjero».
La polémica sobre esta ley se da en un contexto donde alrededor de 11 millones de inmigrantes indocumentados viven en Estados Unidos, con una gran mayoría proveniente de México y Centroamérica. Cabe destacar que, en términos legales, vivir sin la documentación correspondiente no constituye un delito penal, sino una violación de la ley civil administrativa.
